Panama Ports Company (PPC) reaccionó tras conocer la demanda de inconstitucionalidad presentada por el contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, contra el contrato entre el Estado panameño y la empresa.

En su respuesta, la compañía resaltó que cree “firmemente en el respeto a la seguridad jurídica y al Estado de derecho”, ya que esto brinda certeza a empresas e inversionistas de que Panamá es un país seguro para invertir.

La empresa también subrayó que la colaboración con la administración del presidente José Raúl Mulino es vital para definir el camino a seguir respecto a los puertos del país, y expresó su disposición a “trabajar con el Gobierno por un futuro mejor para apoyar a Panamá”.

Hace tres días, el contralor Flores anunció que presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad y nulidad contra el contrato suscrito con PPC. Según explicó, ambas acciones legales están sustentadas en una auditoría realizada en abril pasado, la cual reveló numerosas irregularidades.

“No solo es un contrato malo, sino también leonino y abusivo contra los intereses del país”, aseguró el contralor.

PPC, filial de la empresa china CK Hutchison, actualmente se encuentra en un proceso de venta de algunas de las concesiones portuarias de Hutchison alrededor del mundo, proceso que sigue su curso. La compañía indicó que, llegado el momento, llevará a cabo las comunicaciones pertinentes, incluyendo las actuaciones correspondientes ante el Gobierno panameño.

Cabe destacar que CK Hutchison, casa matriz de PPC, se encuentra actualmente en un proceso de venta de 43 concesiones portuarias en 23 países, por un monto estimado de $23 mil millones.

De acuerdo con datos de la Contraloría, durante el periodo de la concesión, Panamá debió haber recibido $1,337 millones. Sin embargo, solo ingresaron $483 millones, lo que representa un perjuicio económico al Estado panameño de aproximadamente $853 millones.