Antonio Atencio, exrepresentante del corregimiento de Burunga (2019-2024), se convirtió en el más reciente exfuncionario en ser enviado tras las rejas, tras ser vinculado a un presunto desfalco de fondos públicos relacionados con el Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS).

Durante una audiencia celebrada ayer en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste, un juez de garantías le impuso detención provisional, luego de que la Fiscalía Anticorrupción formalizara cargos por peculado doloso agravado en perjuicio del Estado.

La detención de Atencio fue confirmada por la Procuraduría General de la Nación, que detalló en su cuenta en X: “Luego de haberse admitido la imputación de cargos presentada por la Fiscalía Anticorrupción por delito contra la administración pública en su modalidad de peculado agravado en perjuicio del Estado, relacionado con el PDIS”.

Pero no cayó solo. En el mismo operativo, ejecutado por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional en puntos de Burunga y Juan Demóstenes Arosemena, también fueron aprehendidos el exrepresentante de esta última comunidad, Isaac Figueroa, y su extesorero, Luis Mora Cornejo.

Los tres fueron capturados en la madrugada del 8 de agosto, durante allanamientos simultáneos. A Figueroa se le acusa de haber manejado de manera irregular $283,430, fondos que debían usarse para proyectos comunitarios.

La defensa de Atencio ya presentó un recurso de apelación, cuya audiencia fue agendada para el 20 de agosto a las 8:30 a.m. en el Tribunal Superior de Apelaciones en Ciudad de Panamá.

Este caso no es un hecho aislado. En las últimas semanas, exfuncionarios de juntas comunales en Veraguas, Chiriquí y Capira han sido objeto de medidas cautelares, incluyendo arrestos domiciliarios y detenciones preventivas, por presuntos malos manejos de fondos de descentralización.

Entre los que se les ordenó detención figuran la exrepresentante y el extesorero de la Junta Comunal de Dolega, acusado de peculado agravado.

Según la Procuraduría General de la Nación, el PDIS es el programa con mayor cantidad de denuncias por presunta corrupción, con 294 en total, de las cuales 290 están siendo investigadas activamente. Las investigaciones abarcan el período 2019-2024.

En su conferencia semanal, el presidente José Raúl Mulino reveló que las denuncias interpuestas por la Autoridad Nacional de Descentralización ascienden a $213 millones, y afectan a 257 juntas comunales y 37 municipios en todo el país.

“El Ministerio Público tiene la enorme responsabilidad de investigar estos casos conforme al marco constitucional y legal”, expresó Mulino.

Por su parte, el contralor Anel Flores, quien ha criticado los allanamientos en la madrugada, indicó que hasta la fecha se han completado 72 auditorías, de las cuales entre 35 y 40 ya fueron remitidas al MP. Aún están en curso alrededor de 300 auditorías adicionales, lo que deja claro que la tormenta apenas comienza.