Niñez indígena: 70% vive en pobreza y 15% está fuera de la escuela

Siete de cada diez niñas, niños y adolescentes indígenas en Panamá viven en condiciones de pobreza monetaria y el 15% permanece fuera del sistema educativo, una proporción que triplica el promedio nacional entre la niñez no indígena ni afrodescendiente.

Los datos forman parte del primer Informe Defensorial especializado sobre los derechos de la niñez y adolescencia indígena en Panamá, presentado este lunes por la Defensoría del Pueblo, con el acompañamiento de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP) y el apoyo técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Panamá.

El documento identifica brechas persistentes en educación, protección social y condiciones de vida, y plantea recomendaciones dirigidas a las instituciones del Estado para avanzar en la garantía efectiva de los derechos de esta población.

Una de cada cuatro niñas, niños y adolescentes es indígena

El estudio señala que 315.089 niñas, niños y adolescentes del país pertenecen a pueblos indígenas, equivalente a aproximadamente una cuarta parte de la población infantil y adolescente. Del total, el 59% tiene menos de 10 años, lo que coloca el acceso temprano a servicios de salud, educación, protección y nutrición entre las prioridades para cerrar las desigualdades.

Panamá cuenta con siete pueblos indígenas: Emberá, Wounaan, Guna, Ngäbe, Buglé, Naso y Bri Bri. Sin embargo, la realidad de esta población no se limita a las comarcas: 58% de las niñas, niños y adolescentes indígenas vive fuera de ellas, incluidos asentamientos ubicados en contextos urbanos.

Esta distribución plantea un desafío adicional para las políticas públicas, que deben responder tanto a las necesidades de las comunidades indígenas en sus territorios como a las de quienes viven fuera de las comarcas.

Pobreza que se profundiza en las comarcas

La pobreza monetaria alcanza al 70% de la niñez y adolescencia indígena. El informe también identifica importantes niveles de pobreza multidimensional, un indicador que considera privaciones relacionadas con educación, salud, vivienda, servicios básicos y otras condiciones de vida.

En las comarcas, las brechas son especialmente pronunciadas. La pobreza multidimensional alcanza aproximadamente al 87% en Emberá-Wounaan, 91,5% en Ngäbe-Buglé y 94% en Guna Yala, de acuerdo con los datos recogidos en el estudio.

El panorama evidencia que las desigualdades no responden únicamente a la falta de ingresos, sino a una acumulación de carencias que puede limitar el desarrollo y el ejercicio de derechos desde los primeros años de vida.

Fuera de las aulas y con mayor rezago educativo

El informe establece que 15% de las niñas, niños y adolescentes indígenas está fuera del sistema educativo, una proporción que triplica el promedio registrado entre los menores no indígenas ni afrodescendientes.

La desigualdad también aparece en la trayectoria escolar. El 42% de los estudiantes indígenas se encuentra en condición de sobreedad, frente al 20% de los niños, niñas y adolescentes no indígenas ni afrodescendientes.

El documento registra, además, brechas en aprendizajes y acceso a herramientas educativas. La desventaja en matemáticas tempranas alcanza el 25%, mientras que el rezago en lectura llega al 40%. Solo el 31% tiene acceso a internet, una limitación que puede profundizar las diferencias educativas, especialmente en contextos donde la conectividad es determinante para acceder a contenidos y oportunidades de aprendizaje.

La situación es todavía más crítica entre las madres adolescentes indígenas: el informe señala que 70% queda fuera del sistema educativo, lo que evidencia cómo distintas condiciones de vulnerabilidad pueden acumularse y afectar las oportunidades de niñas y adolescentes.

Trabajo infantil y falta de protección social

La exclusión educativa está relacionada con otras condiciones de vulnerabilidad. La tasa de ocupación infantil entre la niñez indígena alcanza el 8,4%, más de tres veces el promedio nacional de 2,5%.

El informe advierte que los niños, niñas y adolescentes indígenas enfrentan un mayor riesgo de exposición a las peores formas de trabajo infantil. Entre las causas aparecen las condiciones económicas de los hogares y la necesidad de contribuir a la subsistencia familiar.

La protección social también presenta una brecha importante: solo 21% de las niñas, niños y adolescentes indígenas cuenta con cobertura de seguridad social.

Para la Defensoría del Pueblo, estos indicadores deben analizarse desde una perspectiva de interseccionalidad, debido a que distintas condiciones de vulnerabilidad pueden acumularse en una misma persona.

“Son múltiples los factores que enfrenta la niñez panameña de manera que no es lo mismo un niño pobre a un niño indígena, pobre y con discapacidad. Se van sumando una serie de condiciones que hacen todavía más vulnerable a nuestros niños, niñas y adolescentes”, explicó la defensora del Pueblo, Angela Russo.

El idioma y la pertinencia cultural también son parte de la brecha

El informe incorpora las opiniones de niñas, niños y adolescentes indígenas recogidas durante los espacios de consulta, reconociendo su derecho a participar y ser escuchados en los asuntos que les afectan.

Entre los testimonios recopilados aparecen preocupaciones relacionadas con la pertinencia cultural y lingüística de la educación. Una adolescente ngäbe-buglé señaló que la educación “no es acorde a la cultura” y que existen limitaciones porque algunos docentes no hablan su idioma.

El proceso de elaboración incluyó visitas a las comarcas Emberá-Wounaan, Guna Yala y Ngäbe-Buglé, además de comunidades y asentamientos ubicados en Arraiján, Santa Ana y El Chorrillo.

En esos espacios se recogieron las perspectivas de niñas, niños y adolescentes, autoridades tradicionales, organizaciones comunitarias e instituciones públicas, con el propósito de incorporar sus experiencias al diagnóstico.

22 recomendaciones para cerrar las brechas

A partir del análisis, la Defensoría del Pueblo formuló 22 recomendaciones agrupadas en siete ejes estratégicos.

Entre las medidas planteadas figuran fortalecer la gobernanza y el financiamiento con enfoque intercultural; ampliar el acceso a servicios de salud, nutrición y educación de calidad e inclusiva; promover la igualdad y la identidad cultural; reforzar los sistemas de protección y justicia; mejorar la producción de información para la toma de decisiones y fortalecer la corresponsabilidad entre instituciones públicas, autoridades tradicionales, comunidades y familias.

El informe busca convertirse en un instrumento para orientar políticas públicas basadas en evidencia y con mayor pertinencia cultural.

“Este documento debe entenderse como una herramienta para la acción. Una herramienta para fortalecer la coordinación entre instituciones; para orientar decisiones basadas en evidencia; para asignar recursos donde más se necesitan”, señaló Olga Isaza, directora adjunta de UNICEF para América Latina y el Caribe.

Las recomendaciones se sustentan, entre otras normas, en la Ley 285 de 15 de febrero de 2022, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y en la Ley 504 de 18 de diciembre de 2025, que asigna a la Defensoría del Pueblo funciones de vigilancia, seguimiento y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El reto: pasar del diagnóstico a la acción

Para la Defensoría del Pueblo, el valor del informe no está únicamente en documentar las brechas, sino en establecer una hoja de ruta para enfrentarlas.

“Escuchar a las niñas, niños y adolescentes indígenas no es solamente un ejercicio de participación; es una obligación de derechos humanos y una condición para que las políticas públicas respondan realmente a sus necesidades”, afirmó Russo.

La institución anunció que dará seguimiento a las recomendaciones mediante acciones de monitoreo, incidencia y articulación con las instituciones del Estado y los pueblos indígenas.

El desafío, ahora, será convertir los datos y las recomendaciones en políticas públicas, presupuesto y servicios capaces de reducir las desigualdades que afectan a una población que representa una cuarta parte de la niñez y adolescencia del país.

Como resume el propio informe, garantizar los derechos de la niñez indígena exige avanzar hacia una protección integral, intercultural y efectiva, con igualdad de oportunidades y acceso real a los servicios esenciales.