Nepotismo bajo la lupa: ANTAI sanciona a 29 funcionarios de la UNACHI

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) sancionó a 29 servidores públicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), tras comprobar la comisión de prácticas de nepotismo dentro de esta casa de estudios superiores.

Según un comunicado oficial, la investigación fue iniciada de oficio a finales de 2024, luego de la difusión de diversos señalamientos públicos sobre presuntas irregularidades administrativas y vínculos familiares indebidos dentro de la universidad. En el marco del proceso, la ANTAI realizó una revisión exhaustiva de la situación administrativa y laboral de 86 funcionarios.

Como resultado de la investigación, desarrollada con estricto apego al debido proceso, la entidad recomendó la destitución de 15 servidores públicos de distintos niveles jerárquicos. Además, se impuso una sanción económica equivalente al 50% del salario mensual a 12 funcionarios, así como una multa del 10% del salario mensual a dos servidoras públicas, todos vinculados a prácticas de nepotismo.

La ANTAI recordó que el artículo 41 del Código de Ética de los Servidores Públicos prohíbe expresamente el nombramiento, contratación o permanencia en funciones de familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como que servidores públicos laboren junto a familiares en una misma unidad administrativa o en áreas donde exista relación de control, supervisión o fiscalización.

Asimismo, la entidad informó que mantiene abiertas alrededor de 40 investigaciones adicionales relacionadas con servidores públicos de la UNACHI, lo que podría derivar en nuevas sanciones administrativas.

“La ANTAI envía un mensaje claro y contundente al país: no habrá tolerancia frente a conductas que vulneren la ética pública”, señala el comunicado oficial, en el que se reafirma el compromiso institucional de investigar de manera objetiva y rigurosa cualquier irregularidad en la administración pública.

La publicación del informe se realizó en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley No. 33 de 25 de abril de 2013, que regula los principios de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.