Mulino se toma su tiempo para decidir sobre la mina

La papa caliente de Cobre Panamá ya está sobre el escritorio del presidente José Raúl Mulino. Ayer recibió el informe final de la Comisión Interministerial, que pone sobre la mesa 17 recomendaciones y seis criterios para buscar una salida al futuro de la mina de Donoso.

Pero mientras Mulino estudia qué hacer, la cuenta sigue corriendo. Según las cifras presentadas por la comisión, cada día que la actividad permanece paralizada el país deja de generar $6.85 millones en divisas, $3.79 millones de aporte al producto nacional, $1.28 millones en impuestos directos y $390 mil que no recibe la CSS.

Y el golpe podría ser todavía mayor. Cerrar la mina sin ningún acuerdo tendría un costo estimado de entre $2,600 millones y $3,400 millones, una factura que, según el informe, recaería sobre el país.

Entre los criterios planteados está que el sitio se encuentra bajo un plan de preservación ordenado por el Estado, con vigilancia permanente y sin extracción minera. MiAmbiente también ha informado que el proyecto permanece cerrado y sin operaciones desde finales de 2023, mientras el Estado mantiene la fiscalización y el monitoreo en el área.

Ante este escenario, la comisión recomienda evaluar un acuerdo que permita resolver los arbitrajes pendientes y establecer las condiciones para una eventual puesta en marcha que conduzca a un cierre ordenado, sin costo para el Estado, sin prórroga y respetando el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Por ahora, Mulino no mueve ficha. El mandatario dijo que estudiará el documento con su gabinete y sus abogados antes de tomar una decisión.

“Voy a estudiar este informe con mi gabinete, con mis abogados y con el tiempo que un documento de esta magnitud exige. No voy a repetir el error de decidir a la carrera sobre un asunto que este país va a cargar durante décadas”, enfatizó.

Y dejó claro que no quiere enterarse por terceros de su propia decisión. “Cuando tenga una decisión, la voy a anunciar yo, al país, de frente y con sus fundamentos por delante. No se va a conocer por una filtración, ni por una versión, ni por un comentario de pasillo”, aseguró.

Mientras el Gobierno analiza el documento, First Quantum Minerals reaccionó y dejó abierta la puerta al diálogo. La empresa expresó su disposición a un “diálogo constructivo” con Panamá, respetando la soberanía nacional y el fallo de la CSJ.

En la presentación del informe, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, puso una condición sobre la mesa: el Estado no pagará el cierre. “Cero es lo que debe costar al Presupuesto General del Estado una solución al tema de la mina”, afirmó.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, agregó que el cierre debe tener una fecha concreta y ser certificado por una comisión científica, técnica y ambiental. También planteó la creación de un fideicomiso ambiental de $100 millones anuales para financiar la protección de reservas nacionales, proyectos de patrimonio natural y reforestación.

Navarro cuestionó además la forma en que se produjo la suspensión de las operaciones y sostuvo que la mina no fue cerrada de manera ordenada. Según explicó, las actividades fueron suspendidas de un día para otro y ahora se busca establecer un plan de cierre que permita convertir el problema en una oportunidad.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, también puso el dedo sobre el impacto económico. “El país lleva casi tres años discutiendo este expediente, y mientras discutimos, una economía regional se desarmó y 140 mil panameños se quedaron sin respuesta”, señaló.

Moltó agregó que la falta de una definición “no es una posición neutral” y sostuvo que sus consecuencias terminan afectando a los ciudadanos más vulnerables.

Por su parte, el presidente de la Cámara Minera de Panamá, Severo Sousa, consideró prudente el proceso y respaldó la posibilidad de un cierre ordenado, aunque recalcó que ahora corresponde esperar la decisión de Mulino.

El conflicto por Cobre Panamá se mantiene desde noviembre de 2023, cuando la CSJ declaró inconstitucional la Ley 406 del 20 de octubre de ese año, que aprobaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá, luego de semanas de protestas y cierres de calles.