Mizrachi a indagatoria por blanqueo de capitales
El empresario es investigado por la Fiscalía Séptima Anticorrupción
- viernes 09 de septiembre de 2016 - 12:00 AM
AL BANQUILLO
El empresario panameño Mayer Mizrachi, recién deportado de Colombia, deberá enfrentar un nuevo proceso penal.
Se trata de una investigación que inició la Fiscalía Séptima Anticorrupción por presunto blanqueo de capitales, confirmó el Ministerio Público.
Ante ello, Mizrachi fue citado por la fiscal séptima Janeth Rovetto a rendir indagatoria este lunes 12.
La investigación penal se desprende de un informe de auditoría realizado por la Contraloría que reveló la ruta del dinero pagado a Mizrachi por suscribir el contrato Criptex con la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), a cargo de Eduardo Jaén.
Ruta del dinero
El 12 de mayo de 2014, la AIG, le depositó a Mizrachi $204,920.33 (total del contrato) en una cuenta del Banco Nacional.
Días después, comenzó a mover parte del dinero a cuentas vinculadas al exjefe de la AIG y de su padre Aarón Mizrachi.
El primer movimiento de los fondos se dio el 26 de mayo de 2014. Ese día, Mizrachi transfirió el total del dinero a una cuenta suya en el Banco de Panamá, S. A.
Es desde allí que comienza a moverse la plata hacía GFI Investments, S. A., ($150 mil), sociedad vinculada a Jaén, exjefe de la AIG.
El 26 de mayo, el empresario transfirió $60 mil a una cuenta de su empresa en el Banco Aliado. El 27 de mayo, mediante ACH le depositó $44,938.25 a GFI Investment, S. A., en una cuenta en el banco Capital Bank.
Un día después, volvió a desembolsar $45 mil a la misma cuenta.
El 10 de junio, del Banco Aliado, Mizrachi mueve los $60 mil a la sociedad Caribbean Holding, propiedad de su padre Aarón Mizrachi. Desde allí, el 10 de junio son transferidos $59,926.50 a la cuenta vinculada a Jáen.
Rápida aprobación
El contrato fue suscrito en menos de tres meses por contratación directa.
El documento detalla que el 7 de febrero de 2014, Mizrachi presentó la propuesta y rápidamente el 12 de marzo la contratación fue avalada por el Ministerio de la Presidencia.
El 1 de abril la Contraloría lo refrenda y el 23 de abril, Mizrachi entrega un informe, indicando que todo se instaló correctamente.
Su abogado Silvio Guerra señaló que este nuevo caso es ‘la misma jeringa con diferente pitongo'.
Dijo que no es por blanqueo de capitales, sino por corrupción de funcionarios.
