Miviot abonará $70 millones a la deuda con promotoras

Desde el pasado 30 de junio, cuando se venció el pago de los $10 mil de compensación en concepto del Bono Solidario de Vivienda, han sido múltiples las preocupaciones del sector empresarial y social referente a la crítica situación económica que los golpea.

La decisión del gobierno del presidente José Raúl Mulino, de no renovar este beneficio, genera un “efecto cascada”, que afecta tanto el desarrollo urbanístico como las recaudaciones municipales.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) aspira a poder abonar a las promotoras de viviendas al menos $70 millones de la deuda total acumulada que asciende a los $100 millones.

Según la entidad, en estos momentos cuentan con $50 millones para pagar a las promotoras y se mantienen en espera de la asignación de una partida adicional por el orden de los $20 millones.

Luis Pimentel, director de Promoción de la Inversión Privada, reconoció que en el quinquenio pasado existía una “mora en la tramitología” de las resoluciones y un retraso en la ejecución de los pagos, producto de la falta de partidas presupuestarias.

“Lo que hicimos es organizar el departamento, luego del recorte de personal, para hacer más eficaz y eficiente la tramitología del pago”, dijo.

Programa será sustituido

La alta morosidad, que tiene un arrastre desde el año 2021, fue el motivo principal para eliminar el bono solidario, sin embargo, se estudia la posibilidad de sustituir el beneficio a través de subsidios adicionales en las tasas de intereses hipotecarios.

Fernando Méndez, viceministro de Vivienda, declaró que lo que se busca es brindar la ayuda social para la compra de casas, sin causar una lesión al Estado.

“Se tiene que crear otro mecanismo, porque asimismo, como podía ayudar a algunas personas, a otro segmento de la ecuación le podía estar causando una lesión, llámese banca, Estado y sus arcas”, destacó.

Actualmente, hay alrededor de 4.800 viviendas que entraron en el periodo de vigencia del decreto y que, por tanto, están consideradas para el pago del bono solidario.

La eliminación del bono solidario ha generado una recesión en la recaudación de los impuestos municipales de construcción.

Al menos en el distrito de La Chorrera, unos 50 proyectos de vivienda se han visto mermados, obligando a las promotoras a reformular obras, presupuestos y los respectivos permisos.

“Se ha percibido una baja en la recaudación de impuestos de construcción con respecto a las viviendas de interés social”, destacó Gamaliel Sousa, ingeniero municipal del Municipio de La Chorrera.

Según el funcionario, muchos proyectos en construcción han sido detenidos, en otros se dio la liquidación de personal para acogerse a una “reorganización”.