Jueza condena a 7 sindicalistas por peculado contra el Mitradel

Mariano Enrique Mena Quintana, Gabriel Edwin Castillo Coba, Armando Enrique Rangel Gordón, Guillermo Puga Rodríguez, Elberto Luis Cobo Rodríguez, Víctor Manuel Torres De León y Aniano Pinzón Real, fueron condenados este jueves a cumplir 60 meses de prisión, en una sentencia proferida por la juez primera liquidadora de causa penales, Águeda Rentería Sánchez.

Los siete condenados son autores del delito contra la administración pública en la modalidad de diferentes formas de peculado en perjuicio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

La sentencia es la parte conclusiva de una investigación realizada por el Ministerio Público, a raíz de una denuncia presentada por la exministra de trabajo Alma Cortés, el 21 de abril de 2010.

En la denuncia se destaca que el Instituto Panameño de Estudios Laborales (Ipel), adscrito al Mitradel, entregó grandes sumas de dinero a los gremios sindicales confederados, sin que hayan presentado informes del uso del dinero provenientes del Seguro Educativo descontado a los trabajadores del país.

Según un informe de la Contraloría General de la República se encontraron incongruencias y gastos con fines distintos a lo establecido en el decreto que regula el Seguro Educativo, sin que los dirigentes pudiesen sustentar la suma superior a 261,000.00 dólares.

Mariano Mena salió del paso de indicando que se trata de una investigación que se hace por la compra de siete barriles de cerveza para un Primero de Mayo que suman 700.00 dólares.

‘Es decir, lo único que yo tengo que ver en ese caso es eso, durante esa fecha se compraron unas cervezas que no se compraron con esos fondos y quedó demostrado en la audiencia por toda la documentación física que yo llevé. Además esos setecientos dólares yo los devolví de mi pecunio'.

Mena asegura que va a apelar la decisión de la juez Rentería, porque de lo que se trata es que quieren silenciar las voces del mundo del trabajo.

Por su parte, Rafael Chavarría catalogó la condena como una situación política, que viene desde junio de 2011, la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP) comandó conjuntamente con la Confederación de Trabajadores de América (CTA), el movimiento para hacer frente a la denominada ley chorizo en 2010.

‘La CTRP hizo una demanda contra el gobierno y el presidente de la República en ese momento, Ricardo Martinelli, pidió una cortesía de sala en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero fue el segundo presidente en el mundo que habló solamente en compañía de tres personas', arguyó Chavarría.

Contactamos a los dirigentes sindicales vía telefónica, pero no contestaron mensajes y tampoco llamadas.