Juez ordena desalojo, Miviot toma el control

La familia Martínez Muñoz tiene 20 años de vivir en un terreno por el cual pagaron 7 mil dólares con opción de compra en el año 2001, ubicado en Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, pero las personas a quienes les compraron el terreno fallecieron.

Los Martínez Muñoz pagaban además, 150 dólares de arrendamiento, cifra que era acreditada como abono hasta cancelar la totalidad del valor de la propiedad a dos señores mayores.

Aseguran ellos que al morir los ancianos, los herederos de ellos vivían en el extranjero y hasta hace pocos años regresaron a Panamá para reclamar judicialmente la propiedad.

El juzgado Primero de Circuito ramo Civil de La Chorrera, ordenó el desalojo de la humilde familia en octubre de 2020, por ende las afectadas acudieron al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) en busca de una solución.

Luis García, director Nacional de Arrendamiento del Miviot, aseguró que en la casa de paz de Cerro Silvestre existe una orden del ya citado juzgado para desalojar a la señora María Fredesvinda Muñoz Ovalle y cuya sentencia debió ejecutarse desde hace varios meses atrás, pero ‘la familia afectada acudió al Miviot y nosotros conversamos en esa oportunidad con la juez de paz y le dijimos que en un acto de misericordia y de bondad íbamos a intervenir para buscarle una solución de vivienda a la señora y a su familia para que no quedara en la intemperie', indicó el funcionario.

Agrega García que el Miviot ha servido de puente para que la familia no fuese desalojada, ya que esto debió ejecutarse desde octubre del año 2020.

Trámites

De acuerdo con Melixa Villarreal, coordinadora de abogados de la Dirección de Desarrollo Social del Miviot, uno de los integrantes de la familia Martínez Muñoz hizo la solicitud con el fin de buscar una solución con la construcción de una unidad básica de vivienda en un terreno de su propiedad [en trámite].

‘Ya por parte de la Dirección de Desarrollo Social, la documentación que corresponde como: evaluación social, informes técnicos y otras evaluaciones que conllevan el expediente para poder entrar en la ejecución de la construcción ya están agotados, ella en ese aspecto ha cumplido, porque con el informe social cumple perfectamente la parte social y el estado de vulnerabilidad en que se encuentran', aseguró Villarreal.

Esperan ayuda

La funcionaria informó que solamente se e stá corrigiendo un tema de forma con relación al documento que expide el Municipio de La Chorrera que condiciona el derecho que la señora afectada tiene sobre la titularidad de aquel terreno a un abono que ella debió haber cancelado.

‘Nosotros no podemos tener injerencia en las decisiones del Órgano Judicial, sin embargo, este ministerio está haciendo los trámites para darle una solución de vivienda a la señor y no la dejara en estado de indefensión ni a la intemperie ', puntualizó García.

Haicet Martínez, hija de la señora María, acudió la redacción de El Siglo y entre lágrimas expuso su calvario y el temor a ser desalojada con su familia.