Jubilados: aumento a $600 provoca choque con gremios empresariales
APEDE y CCIAP expresaron su descontento ante el Proyecto de Ley No. 491.
- miércoles 29 de abril de 2026 - 5:37 PM
La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley No. 491, que establece una pensión mínima de $600 para jubilados y pensionados en Panamá. Sin embargo, la decisión ya genera fuerte rechazo por parte del sector empresarial.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) expresaron su preocupación y rechazo a la iniciativa, advirtiendo posibles efectos negativos en la economía nacional.
APEDE reconoció la importancia de fortalecer la protección social y buscar soluciones sostenibles para los jubilados, pero alertó que trasladar nuevas cargas a sectores productivos expuestos a la competencia internacional puede generar efectos contraproducentes.
Advirtió además que el aumento de costos logísticos reduciría la competitividad del país, provocando pérdida de volumen de carga, desvío de operaciones y debilitando la posición de Panamá como hub regional.
La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, enfatizó que, en un entorno global altamente competitivo, Panamá debe cuidar cada decisión de política pública, asegurando que los mecanismos de financiamiento no afecten sectores clave para el crecimiento económico y la generación de oportunidades.
Por su parte, la CCIAP rechazó enérgicamente la aprobación del proyecto, señalando que, aunque la intención de apoyar a los jubilados de menores ingresos es válida, la propuesta representa un grave error de política pública al intentar resolver un problema estructural con medidas aisladas.
El gremio cuestionó que se pretendan financiar obligaciones del sistema de pensiones con recursos ajenos a su estructura, sin estudios actuariales, sin claridad financiera y sin garantías de sostenibilidad. “Esto no es una solución: es trasladar el problema y agrandarlo”, afirmó el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino.
Asimismo, advirtió sobre el riesgo de conflictos legales derivados de posibles afectaciones a contratos de concesión, lo que podría generar litigios y debilitar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.
“Panamá no puede darse el lujo de tomar decisiones apresuradas”, sentenció Barría Pino.
