Invasores de terrenos pagarán con cárcel, contempla nueva ley

Tener una casa propia es el sueño de toda familia o pareja, pero bajo esta fachada hay personas que se aprovechan e invaden terrenos para lucrar. En Panamá existen 53 mil 479 familias que viven en asentamientos informales.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), en todo el país hay unas 395 invasiones de las cuales 10 aparecieron en medio de la pandemia y superan las mil 116 familias.

Panamá Este, Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del Toro son las regiones donde más hay de estos asentamientos.

Pero el negociado está a flor de piel y según el viceministro del Miviot, José Batista, más de la mitad de las personas que se han censado como precaristas, ya tienen una casa.

Es una realidad. El ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, manifestó que hay especuladores profesionales que van de sector en sector adueñándose de tierras que no les pertenecen, para luego venderlas.

Por esta razón el funcionario trabaja en una iniciativa legislativa para que los invasores de terrenos paguen con cárcel para acabar con esta práctica.

Un vivo ejemplo, es lo que denunciaron la semana pasada las familias que invadieron terrenos cerca del Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera, donde alegaron el cobro de ofrendas de parte de supuestos pastores para darles un lugar donde vivir en esta localidad bautizada como Tierra Prometida. Hablan de que pagaron entre 200 y 300 dólares de ofrenda. El Gobierno trasladó algunas familias a un terreno en Mendoza.

En la Tierra Prometida habían personas que poseían uno o hasta dos lotes a su nombre, otras que fueron identificadas por dedicarse a revender terreros invadidos. Los que fueron reubicados se le entregó lotes de 350 metros cuadrados, aunque exigían se les permitiera poseer 450 metros cuadrados de terreno.

Mientras, hay personas que pagan más de 90 mil dólares por una casa que a duras penas solo cuenta con 200 metros.

Pandemia

Durante la crisis sanitaria que el país vive desde marzo de 2020, el Miviot ha tenido que atender más de 300 asentamientos ilegales en todo el país, que involucran litigios por miles de hectáreas y millones de dólares.

De acuerdo con el abogado, Abdiel González, que es miembro del Movimiento Proyecto 2000 de Arraiján, hay que tomar en cuenta que es cierto que hay ciudadanos que tienen necesidad de un terreno, pero no se puede ignorar que hay precaristas profesionales apoyados por políticos que promueven esta situación con intensión electorera.

González explicó que debe haber una política de Estado para que sean las personas más humildes las tengan acceso a una parcela para construir su vivienda.

Alternativas

El Miviot informó que ha iniciado campañas para concientizar a la población sobre los problemas de invadir tierras estatales y privadas.

Igualmente ha implementado programas sociales como el Plan Progreso y se ha mantenido el apoyo del Fondo Solidario de Viviendas para viviendas de hasta 70 mil dólares. También con los programas de inversión y mejoramiento habitacional se siguen captando familias para brindarles soluciones seguras de vivienda.

Durante esta administración se informó que se han legalizado cuatro comunidades, impactando a 507 familias: Paso Blanco No. 2 en el corregimiento de Las Garzas, en Panamá Este; Las Veraneras #2 y Altos de Howard, en el corregimiento y distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste; y la comunidad 4 de Abril, sectores 1, 2 y 3, localizada en el corregimiento y distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.