Invasores de terrenos bajo la lupa, vienen los desalojos

Con casitas de madera o zinc, sin luz y hasta sin agua, cientos de ciudadanos viven como invasores en terrenos privados o del Estado con la esperanza de ser legalizados.

Esto a pesar de que el Estado y el sector privado construyen cada vez más proyectos de interés social, en Panamá. Actualmente se estima un déficit habitacional en 200 mil casas.

Al respecto, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Rogelio Paredes Robles, aconsejó a los dueños de terrenos y fincas invadidas actuar y no dejar que pase el tiempo para después desalojar la propiedad de la tierra.

Hizo énfasis en que hay oficina que han reforzado con un organismo donde tienen que ver Policía, Migración, Banco Hipotecario Nacional (BHN), UABR y todos los involucrados para coordinar y evitar que esto siga proliferándose.

Según cifras del Miviot, en todo el país hay unas 400 invasiones de las cuales 10 aparecieron en medio de la pandemia y superan las mil 116 familias.

Juega vivo

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), ha dicho que existe un ‘lado oscuro' donde muchas de estas invasiones son de grupos organizados que, aprovechando la necesidad de familias humildes, promueven el ingreso a tierras nacionales para luego venderles los terrenos. También resaltó que no apadrinan ni titula tierras apropiadas de manera ilegal.

Sólo en enero de este año, cientos de personas que habían ocupado entre 170 a 200 casas no habitadas en una barriada, ubicadas los Jardines de La Espinoza, en el distrito de La Chorrera, fueron desalojadas.

Pero de 2020 al 2022 ha legalizado unos 14 asentamientos informales a nivel nacional, según dato de la Dirección de Asentamientos Informales del Miviot.

Arrendatarios

Por otra parte, el ministro Paredes, mencionó la firma del decreto que autoriza los desalojos de arrendatarios y las invasiones que se realizan en algunas zonas del país.

Aclaró que ya está demostrado que hay arrendatarios que se hacen los ‘vivos' y tras el levantamiento del estado de emergencia, la medida ya no tiene sentido, por lo que el nuevo decreto muy pronto será firmado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

Con eso se le echaría tierra al Decreto Ejecutivo No. 411 de 31 de diciembre de 2020, que modifica cuatro artículos de los 145 y 314, que rigen el tema, promulgado el 8 de enero de 2021, excluye de la protección de suspensión de procesos de lanzamiento y desalojo de bienes inmuebles destinados para uso habitacional, establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docente, sin distinción del canon, si existiera un incumplimiento de las obligaciones contractuales o un proceso legal en trámite por lanzamiento por mora o intruso antes de la declaratoria de emergencia sanitaria.

La arrendadora, Judit Bautista aplaudió la medida. ‘Hasta que al fin se va a poner órden, porque hay demasiados ciudadanos que aunque podían pagar el alquiler no lo hacían porque no lo podían desalojar'.