Incentivos turísticos en el ojo del huracán
La Asociación Panameña de Hoteles pide echar tierra a las leyes 122 y 314 por inconsultas
- martes 19 de julio de 2022 - 12:00 AM
Por inconsulta y no atender las necesidades reales que enfrenta el sector turístico de Panamá, los miembros de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), solicitaron al Ejecutivo derogar la ley 314 de 20 de junio de 2022 ‘que modifica la ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística y dicta otras disposiciones'.
Este gremio, mediante un comunicado, también exigió la eliminación de la ley 122, afirmando que se hace necesario la derogación de ambas leyes debido a que fueron sancionadas sin previa consulta de los representantes del sector, incluyendo la APATEL, ni tampoco con organizaciones representativas del interior del país.
El gremio añadió que la reglamentación de la Ley 314 no incluye los controles mínimos que el sector privado en la mesa de reglamentación solicitó para limitar la exposición del Estado y para impedir posibles futuros abusos.
El comunicado resaltó que con la derogación y solicitud se debe convocar a los gremios turísticos de todo el país, para que, en conjunto con el Órgano Ejecutivo, redacten en el término de 90 días una nueva ley que atienda las necesidades reales de la industria enfocada en la promoción del país, el aumento de la demanda y la creación de nuevos empleos permanentes y formales, conforme lo determinen los referidos gremios.
Este gremio hotelero además pide que en la elaboración de la nueva ley se incluya a los pequeños y medianos emprendedores turísticos; y que la misma sea aprobada por la Asamblea Nacional en un término de 30 días.
Cabe rescatar que el abogado Roberto Ruíz Díaz colocó una demanda de inconstitucional en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra ley 314. La demanda es en contra del párrafo transitorio del artículo 1, que modifica el artículo 9 de la Ley 80 de 2012, por ser su contenido contradictorio a la Constitución.
El abogado explicó que la misma no es intereses social, ni de utilidad pública para que tenga efecto retroactivo. ‘Ojalá la CSJ tenga la valentía de validar esta demanda porque lo que esta en juego en el país es un endeudamiento absurdo', puntualizó.
