Imputan cargos a Genaro López y legalizan detención

El juez de garantías Francisco Carpintero declaró ayer legal la aprehensión del dirigente sindical Genaro López, que se encuentra bajo investigación por presuntos delitos de estafa agravada, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad de documentos, relacionados con un caso que data de 2006 y que involucra a trabajadores del proyecto Red Frog, en Isla Bastimentos, Bocas del Toro.

Durante la audiencia, la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, representada por la fiscal Isis Soto, presentó la formulación e imputación de cargos contra López.

El Ministerio Público fundamentó su solicitud en denuncias de 412 trabajadores afiliados al Suntracs, quienes señalan que el sindicato gestionó irregularmente la adquisición y administración de fincas valoradas en aproximadamente 28 millones de dólares, usadas como garantía para un pago pendiente de tres millones de dólares que la empresa Pillar Construction, S.A. debía a los trabajadores tras declararse en quiebra.

El juez admitió la imputación y señaló que los cargos imputados podrían acarrear penas de hasta 20 años de prisión, debido a la gravedad de los delitos señalados.

Mientras se desarrollaba la audiencia, un grupo numeroso de simpatizantes y miembros del Suntracs se congregó frente al SPA para manifestar su respaldo a López, con banderas, megáfonos y consignas contra lo que consideran una persecución política impulsada por el gobierno de José Raúl Mulino, en un intento por silenciar a la organización sindical.

La defensa solicitó recesos durante la audiencia, argumentando condiciones médicas de los abogados. Asimismo, el juez hizo varios llamados de atención a López por no prestar atención durante las explicaciones de la fiscal.

El caso contra López y otros dirigentes del Suntracs, como Saúl Méndez (refugiado en la Embajada de Bolivia en Panamá), Erasmo Cerrud y Luis González Marín, tiene su origen en una querella presentada en 2022, vinculada a la gestión de pagos y tierras tras la huelga legal en el proyecto Red Frog. Se les acusa de delitos financieros y administrativos derivados de supuestos manejos irregulares de los activos del sindicato y de la cooperativa afiliada.

López, quien ha liderado el Suntracs por más de dos décadas y fue candidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia (FAD) en 2014, sostiene que se trata de una persecución política para debilitar al sindicato, especialmente ante las reformas laborales y de pensiones que el colectivo sindical ha combatido.

El juez de garantías continuará con la tramitación del caso conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal. La Fiscalía ha solicitado la detención provisional de López, argumentando riesgos procesales que incluyen la posible afectación a terceros o a su integridad personal.