Imponen multas por la contaminación del río La Villa

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), a través de la Dirección Regional en la provincia de Los Santos ha impuesto hasta el momento un total de ocho (8) sanciones debido a la contaminación del río La Villa y su afluente, el río Estibaná. Asimismo, se están procesando cinco (5) expediente adicionales. Las multas establecidas alcanzan la suma de B/. 9,999. 99 por cada infractor, que es el monto máximo permitido por la legislación vigente, y resultan en la suspensión de actividades hasta que se implementen las medidas correctivas necesarias y urgentes.

Las sanciones fueron aplicadas a varias compañías, las cuales han interpuesto un recurso de reconsideración respecto a las multas aplicadas. Actualmente, estos recursos se encuentran en el proceso de notificación de la resolución que atenderá la solicitud de reconsideración, método legal que agota la vía administrativa.

Además, otras empresas están inmersas en el procedimiento administrativo por infracciones ambientales.

Entre las violaciones identificadas se encuentran el vertido ilícito de aguas residuales a cuerpos de agua, la falta de herramientas de gestión ambiental y el incumplimiento de regulaciones ambientales, que constituyen un riesgo significativo para la sostenibilidad, la salud pública y el medio ambiente. Estas irregularidades fueron confirmadas tras un operativo técnico y legal que se llevó a cabo en respuesta a denuncias ciudadanos, el cual incluyó inspecciones de los ríos La Villa y Estibaná, fuentes esenciales de agua para el consumo humano en las provincias de Herrera y Los Santos.

El titular del Ministerio de Ambiente, Juan Carlos Navarro, indicó que estas acciones forman parte del compromiso del gobierno por restaurar el orden en el país y hacer frente a la “anarquía ambiental” que ha surgido a raíz de décadas de desatención institucional.

Las acciones implementadas se basan en la Ley 41 de 1998, la Ley 8 de 2015, el Decreto Ejecutivo No. 57 de 2004, el Decreto Ejecutivo No. 01 de 2023, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 2 de 2024, y la Ley 38 de 2000, que regula el procedimiento administrativo.