Hospital de Chilibre va

El hospital de Chilibre será construído, pero ya no en el polémico terreno comprado por una asiática por $292 mil, para luego venderlo a...
  • lunes 19 de septiembre de 2011 - 12:00 AM

El hospital de Chilibre será construído, pero ya no en el polémico terreno comprado por una asiática por $292 mil, para luego venderlo al Estado por $1.8 millones.

Mediante una nota de la Secretaría de Comunicación del Estado, el presidente Ricardo Martinelli confirmó su decisión de construir el nosocomio que servirá a unos 225 mil habitantes de Las Cumbres y Chilibre.

El anuncio oficial hace énfasis en que el hospital no se construirá en el terreno que ha sido el motivo de discordias entre Martinelli y su vicepresidente, Juan Carlos Varela, pero no especifica el sitio exacto de la megaobra. ‘El hospital va porque va’, afirma Martinelli en el texto.

El sitio que había sido comprado por el gobierno para erigir el hospital originalmente, se componía de tres fincas de 31 mil metros cuadrados. Certificaciones del Registro Público señalan que los terrenos fueron comprados entre mayo y noviembre de 2010 por Yudi Kiung Chen Chong de Chong a un precio de 292 mil dólares, y que un año después, Chong vendió esos mismos terrenos al estado por 1.8 millones de dólares.

El vicepresidente Varela -en ese entonces desde su despacho en la Cancillería- gestionó para que los terrenos fueran pagados con fondos de una donación de 29 millones de dólares de parte del gobierno de Taiwán.

Martinelli señala que este caso es una de las razones por las cuales destituyó a Varela como Canciller. En tanto, Varela sostiene que el mandatario trata de ‘desviar la atención y seguir protegiendo a los funcionarios involucrados directamente en la adjudicación de un terreno público en Paitilla, valorado en más de $35 millones’.

Mediante comunicado, el Partido Panameñista criticó una nota de prensa de la Secretaria de Comunicación del Estado en que se pide al Ministerio Público que investigue a Varela por el caso del terreno de Chilibre. Según el Panameñismo, se trata de ‘clara intromisión del Ejecutivo en la administración de la justicia poniendo en riesgo la institucionalidad democrática de nuestro país’.

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