Hacerse justicia por sí mismo

 La legítima defensa es un mecanismo jurídico en momentos en que es necesario defenderse inmediatamente para evitar daño mayor
  • sábado 03 de septiembre de 2022 - 12:00 AM

En la antigüedad era común observar que el concepto de justicia fuese equiparado, entre otras cosas, con darle a cada quien lo que le corresponde.

Pero, entendiendo esto último como una especie de justicia retributiva, a través de la cual existía una proporcionalidad entre la acción ilícita cometida y el castigo impuesto.

Entendiendo esa proporcionalidad como una sanción con las mismas características del acto ocurrido. Surgiendo de esa manera la famosa ley del talión o, el famoso ojo por ojo y diente por diente, teniendo como antecedentes el Código de Hammurabi y textos bíblicos, como, por ejemplo: Deuteronomio 19:21 ‘Y no le compadecerás; vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.' Sin embargo, este concepto o apreciación de la justicia evolucionó a través del tiempo, con el diseño e implementación de un sistema judicial con una debida fundamentación jurídica la cual conlleva el respeto a los derechos humanos, tanto de la víctima como del victimario.

Además, en la actualidad la sanción ante la comisión de una conducta ilícita implica una forma de prevención y represión que, a su vez, debe permitirle al agresor la posibilidad de resocializarse; entendiendo, por esto último, la oportunidad de mejorar su conducta y, convertirse en un ente positivo de cambio en la sociedad de la cual forma parte.

Es por ello que hoy día el código penal panameño, en su Libro Segundo (Los Delitos), Título XII (Delitos contra la Administración de Justicia), Capítulo VII (Delito de Hacerse Justicia por Sí Mismo), artículo 396, plantea como prohibición, el tratar de resarcir por sí mismo un derecho afectado, aún cuando le asista la razón, ya que esto le acarrearía como consecuencia jurídica una sanción de cincuenta a cien días – multas o, de uno a dos años de prisión o su equivalente en días multa si hubiese mediado violencia; siempre y cuando la acción cometida no constituye una figura delictiva más grave.

De lo antes expuesto, se colige que toda persona víctima de la comisión de una figura delictiva debe acudir a los tribunales de justicia, para interponer las acciones legales respectivas y esperar que sea el juez quien mediante una sentencia imparta justicia.

Es importante señalar como excepción a esta situación jurídica la causa de justificación identificada como legítima defensa, puesto que la misma hace referencia al acto de defenderse en el momento en que el sujeto está siendo atacado por su agresor. Es decir, la legítima defensa es un mecanismo jurídico de protección ante situaciones y en momentos en que es necesario defenderse inmediatamente para evitar el deterioro, afectación o daño mayor de un bien jurídico o derecho de quien está siendo víctima del delito.

El delito de hacerse justicia por sí mismo es el resultado de la evolución del Derecho Penal hacia la humanización y carácter científico del mismo. Es propio del sistema democrático el cual supone la existencia de un ordenamiento jurídico que garantiza el bienestar e intereses de todos los miembros de la sociedad y, además, cuenta con el Poder de la Administración de Justicia, para resolver todo tipo de problemas legales dentro del marco del respeto a los derechos humanos y la dignidad humana. Por esta razón, es importante que la figura del juez panameño sea realzada mediante la selección del mismo, según los parámetros de un perfil profesional acorde a las funciones que le tocará ejercer.

Por último, en la actualidad, la falta de credibilidad del Órgano Judicial ocasiona que las personas víctimas de un delito pretendan en primera instancia hacerse justicia por si mismo o, simplemente no acudir a presentar la acción penal ante la instancia correspondiente. Por ello que se requiere urgentemente el diseño e implementación de campañas de concienciación sobre el valor de la justicia, el fortalecimiento de la salud social de quien la administra y la importancia de solucionar todo problema legal o delito ante las autoridades competentes. Debemos tener confianza en nuestras leyes y en quienes la aplican, para de esta forma lograr una verdadera y sólida convivencia pacífica entre los miembros que conforman la población panameña.