Fuga de menores del CAI: Sociedad civil exige investigación

Tras la fuga de adolescentes del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, miembros de la sociedad civil y expertos en derechos de la niñez exigen una investigación profunda.

Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, fue enfática: “Todos los funcionarios a cargo de la seguridad del CAI deben ser investigados y responder por su culpa o negligencia”.

En redes sociales, los cuestionamientos no se hicieron esperar: ¿por qué se fueron? ¿Los albergues no cumplen su función? ¿Por qué nadie pregunta por qué huyen? Las críticas reflejan la preocupación ciudadana ante la seguridad en los centros de protección.

“Cuando un niño desaparece desde un centro de protección, el problema no es el niño: es el sistema”, afirmó la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Lucy Córdoba, al denunciar que desde 2024, se han registrado desapariciones de menores en centros estatales y privados, y algunos han sido ubicados fuera del país, lo que eleva el nivel de riesgo y exige una respuesta técnica inmediata.

Córdoba advirtió que estos hechos no son aislados, sino un patrón que evidencia serias brechas en la supervisión, los controles y el seguimiento de los menores. “Las desapariciones desde espacios diseñados para protegerlos los exponen a riesgos como la trata de personas, la explotación y la vinculación a entornos delictivos”, recalcó.

Por ello, la defensora pidió un abordaje técnico, integral y basado en evidencia, lejos de debates políticos, ya que sin acciones eficaces para cerrar estas brechas, estos eventos seguirán repitiéndose, afectando la seguridad de la niñez y el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

El pasado miércoles, el Senniaf reportó un altercado en el CAI de Tocumen, durante el cual varios menores se fugaron, se registraron daños a la infraestructura y la sustracción de dinero. Tras el hecho, se emitió el pasado viernes alerta Amber; y la Procuraduría General de la Nación informó que siete de los 15 menores ya fueron localizados.

Este incidente se suma a cuestionamientos previos sobre los albergues, detectados durante inspecciones a 23 de los 48 centros del país. La diputada Alexandra Brenes denunció irregularidades, incluyendo embarazos en niñas de 8 y 9 años, problemas de infraestructura y falta de personal capacitado. Estas observaciones fueron presentadas en un informe tanto al Senniaf como a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango.

En respuesta, la ministra comunicó a Brenes que los hallazgos y recomendaciones del informe coinciden, en gran medida, con las acciones que la entidad ejecuta desde inicios de 2025, en el marco de sus funciones de seguimiento, evaluación y articulación de la política pública en materia de niñez y adolescencia.

Carles de Arango asistirá al pleno de la Asamblea Nacional este 1 de abril, donde el tema de la seguridad en los albergues volverá a estar sobre la mesa.

Cabe resaltar que el 10 de marzo, durante una citación en el pleno de la Asamblea, los directivos del Senniaf admitieron que no cuentan con cifras exactas sobre evasiones, aunque reconocieron que cada año se registran casos. También indicaron que se han implementado medidas en los centros con fugas reportadas, aunque sin detallar resultados concretos.