Fiscalía Electoral tras la pista de la descentralización paralela
La entidad realizó ayer una inspección ocular en la junta comunal de Curundú
- jueves 08 de febrero de 2024 - 12:00 AM
Como parte de una investigación que adelanta la Fiscalía General Electoral (FGE), en torno a los millonarios fondos que fueron desviados a los gobiernos locales a través de la denominada descentralización paralela, la entidad realizó ayer una inspección ocular en la junta comunal de Curundú.
Las averiguaciones buscan corroborar indicios de un posible delito contra la administración de fondos públicos, para favorecer a partidos políticos y candidatos, durante el proceso electoral de 2024.
Según explicó Salomón Fuentes, fiscal de atención primaria de la FGE, se solicitó información sobre el destino de los fondos concedidos a través de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).
La fiscalía pidió al despacho del representante del PRD, Senen Mosquera, copias de las resoluciones con las que se avala la aprobación de asistencias sociales, proyectos y programas con fondos públicos conferidos por la entidad durante el año 2023, en medio de las contiendas políticas internas de los partidos.
“Haremos el análisis de los documentos que nos están entregando, para sacar una conclusión de si hay algo legal o ilegal” dijo Fuentes.
Entre 2021 y mayo de 2023, la administración del gobierno Cortizo repartió $258.8 millones entre 2,570 juntas comunales, 288 municipios y 16 asociaciones de alcaldes, consejos provinciales y otros.
Los gobiernos locales liderados por miembros del PRD, se beneficiaron con el 72% del total de los fondos transferidos.
“El Código Electoral establece que incurrir en este tipo de delitos acarrea una pena de hasta tres años de prisión” sostuvo el funcionario, quien además reconoció que esta pena podría ser conmutable.
Al momento de la inspección, el representante de Curundú no se encontraba en su despacho, por lo que los inspectores de la fiscalía, fueron atendidos por personal de turno en las instalaciones.
Se explicó, que de detectarse alguna anomalía en los documentos, la diligencia de tipo judicial, podría ampliarse con la presencia de auditores y abogados para adelantar cualquier otro tipo de proceso.
La FGE mantiene abiertos al menos 20 procesos similares en distintas juntas comunales donde se verifica el uso adecuado de los fondos de la descentralización.
