Fiscalía admite querella penal contra miembros del Comité Electoral de la UMIP

En un nuevo capítulo que pone en entredicho la transparencia del proceso electoral en la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), la Fiscalía Anticorrupción ha admitido una querella penal presentada por el Grupo ProDefensa UMIP en contra de dos miembros del Comité Electoral Universitario, e iniciado por oficio una investigación por el presunto delito contra la administración pública.

La querella alega que los funcionarios habrían incurrido en el presunto delito contra la fe pública, al emitir resoluciones sin cumplir con el quórum reglamentario, vulnerando así las normativas, específicamente el Reglamento Interno Comité Electoral.

De acuerdo con la querella, las supuestas irregularidades no se limitan a la violación del Reglamento Interno Comité Electoral, Los denunciantes señalan que las decisiones tomadas por los acusados incluyen la convocatoria de unas elecciones ilegítimas para elegir al representante docente del Comité Electoral, además de la presunta adulteración y falsificación de documentos oficiales del proceso.

Estas acciones, según los querellantes, habrían facilitado la reelección de Víctor Luna Barahona como rector de la UMIP, un hecho que consideran ilegítimo debido a que no cumplía con los requisitos mínimos estipulados en el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones.

La Fiscalía ha confirmado que, además de la querella admitida, contra Ricardo Figueroa y Janerys Simiti de Córdoba, se ha iniciado una investigación de oficio para determinar si en el desarrollo de este proceso electoral se cometieron otros delitos, incluyendo posibles faltas contra la administración pública.

El Grupo ProDefensa UMIP ha sido enfático al señalar lo que califican como un “contubernio” entre el rector reelecto y los miembros del Comité Electoral. Según los denunciantes, esta complicidad habría permitido que Luna Barahona obtuviera un segundo mandato, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa electoral universitaria. Además, subrayan que esta situación pone en evidencia un deterioro en los principios de democracia y legalidad que deben regir los procesos internos de la institución.

La admisión de esta querella no solo supone un avance en términos legales, sino que también abre la puerta a que el Consejo Superior de la UMIP tome medidas administrativas para salvaguardar la integridad institucional.

Entre las posibles acciones que podrían adoptarse se incluye la separación de los miembros del Comité Electoral implicados, la separación de Víctor Luna Barahona como rector, la implementación de una auditoría integral de los procesos electorales y administrativos, así como la colaboración activa con el Ministerio Público para garantizar la transparencia.

Este caso se perfila como un llamado urgente a la reflexión sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de control y supervisión dentro de las universidades públicas, evitando que las malas prácticas erosionen la confianza en las instituciones de educación superior de Panamá.

La opinión pública y los sectores educativos estarán atentos al desarrollo de este proceso, que podría convertirse en un hito en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito universitario.