Personas con discapacidad están en guerra con Mulino

La Federación Nacional de Personas con Discapacidad (FENAPEDI) está molesta por la manera en la que se expresó el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, sobre la abultada planilla estatal.

El mandatario declaró el pasado 2 de enero que las instituciones públicas tienen “una tanda de vagos sin tener oficio y cobrando un sueldo” y que estos vagos sin oficio no pueden ser botados porque son cojos tuertos mudos o sufren de presión alta.

Con profunda preocupación y tristeza recibieron este mensaje del mandatario.

En una carta abierta a Mulino, Fenapedi describe que este tono despectivo contra las personas con discapacidad es una forma de discriminación preocupante, sobre todo si viene de la máxima autoridad del país.

“Estamos de acuerdo que existe una abultada planilla estatal debido al botín político en que se ha convertido la administración pública, donde al inicio de cada gobierno nombran a sus copartidarios, muchos de ellos sin tener los méritos y la preparación necesaria, con las consecuencias nefastas para el país”, manifestó la agrupación.

Hacen énfasis que el problema de la abultada planilla, “las botellas” y de la ineficiencia de la administración pública no tiene que ver con las personas con discapacidad, sino con la falta de profesionalización del servicio público y los nombramientos por padrinazgos.

“Las personas con discapacidad auditiva, visual, de movilidad o cualquier otro tipo de discapacidad son panameños que tiene derecho al trabajo ya sea en el sector público o privado y de ninguna manera deben ser consideradas una carga ni para el Estado ni para las empresas, porque pensar de esa manera es una forma de exclusión perversa”, destacó Fenapedi.

De igual forma, recuerdan que existe la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que forma parte de nuestra legislación que establece como uno de los principios el respeto a la dignidad, la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el derecho a ganarse la vida en entornos laborales inclusivos. No es caridad lo que se requiere sino respeto a los derechos de todas las personas.

Finalmente, le exigen al presidente una aclaración pública donde se exprese el compromiso de este gobierno con el derecho internacional de los Derechos Humanos y las leyes que contemplan la obligación de los Estados parte a proteger, y eliminar cualquier forma de exclusión a las personas con discapacidad.