Empresa apartada de hidroeléctrica Barro Blanco pide respeto seguridad jurídica 

La empresa Generadora del Istmo S.A. (Genisa), retirada por el Gobierno de Panamá de un polémico proyecto hidroeléctrico cercano a una comarca indígena, expresó hoy su "desacuerdo" con esa decisión oficial y pidió "respeto a la seguridad jurídica".

"Nos reservamos el derecho a ejercer las acciones y utilizar los mecanismos legales a nuestra disposición para proteger nuestro derecho a un trato justo y equitativo de nuestra inversión y que se cumpla con los principios de legalidad y respeto a nuestros derechos como concesionarios, a la propiedad privada y a la seguridad jurídica", dijo en un comunicado.

El Gobierno de Panamá y líderes tradicionales de la comarca Ngäbe Buglé firmaron el lunes un acuerdo que establece la entrada en servicio del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, paralizado desde 2015 debido al rechazo indígena, pero deja en manos de un "tercero independiente" de Genisa la operación de la misma.

El convenio, fruto de año y medio de conversaciones en una mesa de dialogo instalada por el Gobierno en la que no estuvo Genisa, indica que se traspasarán las acciones de la empresa a un fideicomiso en garantía del repago de préstamos otorgados por los bancos multilaterales" a la obra.

El acuerdo contiene cláusulas que "claramente vulneran y menoscaban nuestros derechos bajo el contrato de concesión para la construcción y explotación de una central hidroeléctrica construida en tierras de propiedad privada de Genisa y que está ubicada fuera de la Comarca Ngäbe Buglé", indicó este martes la empresa.

También "violan y menoscaban los derechos que amparan a nuestros inversionistas, ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica y de Centroamérica bajo normas legales y tratados internacionales", agregó la empresa en un comunicado.

Genisa obtuvo en 2007 la concesión e inició en 2011 la construcción de la hidroeléctrica, ahora con un 95 % de avance, que proyecta generar 28,56 megavatios o cerca del 2 % de la capacidad instalada del país centroamericano.

El Gobierno del presidente Juan Carlos Varela suspendió las obras en febrero de 2015 y multó por violaciones a la ley ambiental a Genisa, que ha rechazado los alegatos oficiales y ha pedido respetar la seguridad jurídica.

"Genisa y sus contratistas han cumplido en todo momento y a cabalidad con todos los permisos y regulaciones aplicables conforme a ley panameña", reiteró este martes la empresa.

Agregó que lamenta cómo "las decisiones y situaciones" en torno a la hidroeléctrica de Barro Blanco "han incidido materialmente y de manera negativa en la construcción y, a futuro, en la operación comercial" del proyecto.

El acuerdo suscrito el lunes incluye el compromiso del Gobierno de crear un fideicomiso con el 15 % de los ingresos brutos que genere el proyecto hidroeléctrico para el desarrollo de las áreas indígenas aledañas.

La firma del acuerdo tampoco estuvo exento de polémica ya que Varela fue retenido durante un par de horas por un grupo de indígenas en la remota comunidad de Llano Tugrí, capital de la comarca Ngäbe Bugle, que se siguen oponiendo a la hidroeléctrica y que no se sienten representados por los líderes firmantes.