El gobierno debe crear plazas de empleo y manejar transparentemente los recursos públicos

En Panamá la pobreza y la desigualdad continúan afectando a miles de familias

Juan Arias, presidente de Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) manifestó que el último Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) reveló que el optimismo está en aumento.

Con una cifra de 95 puntos en septiembre de 2024, el índice refleja un incremento de cuatro puntos desde julio, una señal de que se inicia un camino hacia la recuperación de la confianza en la realidad económica y social de Panamá. Este impulso positivo se siente en la expectativa laboral, donde un 64% de los panameños considera bastante probable conseguir un empleo, indicó Arias.

En otras palabras, el ciudadano está viendo la posibilidad de avanzar, de recuperar la estabilidad y alcanzar sus metas. Sin embargo, para que esta confianza se convierta en una realidad de crecimiento, se necesita más que expectativas; es imprescindible dar seguimiento a una acción gubernamental decidida y efectiva.

Para que la confianza del consumidor prospere y se traduzca en crecimiento económico, el liderazgo del Gobierno debe estar en dos frentes: crear un ambiente que incentive la generación de empleo y garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

Las expectativas económicas solo se cumplirán si el sector público y el privado trabajan para reducir las barreras que actualmente limitan el desarrollo, desde las altas tasas de informalidad hasta el acceso desigual a recursos y oportunidades. De allí que, como sector empleador, nos hayamos sumado a los llamados que la actual administración ha hecho para enfrentar los temas más amargos que por largo tiempo otros obviaron y que hoy toca enfrentar sin más excusas.

Por otra parte, a pesar de los avances en ciertos indicadores, el análisis reflejado en el VI Informe del observatorio de calidad de vida, “Panamá, ¡cuéntame!” muestra que los retos de fondo permanecen. La pobreza y la desigualdad continúan afectando a miles de familias; al igual que, la herencia en materia de corrupción y deficiencia en el gasto público, lo cual erosiona la posibilidad de un desarrollo sostenido y de calidad.

La administración pública – especialmente el Órgano Ejecutivo y el Legislativo - tiene ahora una oportunidad única de transformar estas cifras en historias de superación y avance mediante políticas inclusivas y con impacto real en la vida de los panameños. Cada inversión pública debe ser guiada por la transparencia y la rendición de cuentas, de manera que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan y fomenten una economía con bases sólidas.

Con estos elementos alineados, el sector privado podrá asumir un rol protagónico en la generación de empleo. Con el apoyo de una política gubernamental clara y coherente, las empresas pueden responder al ánimo de recuperación del consumidor, invirtiendo en sectores clave que tengan impacto en la creación de empleo formal y sostenible. Las pequeñas y medianas empresas, en particular, necesitan condiciones favorables que les permitan expandirse, innovar y, en última instancia, contribuir a una economía inclusiva.

Todo esto debe darse en un entorno de sosiego, entendimiento y viabilidad. El caos, la obstrucción y el desorden público son claros detractores de este animo que debe primar para poder avanzar hacia mejores días.

El optimismo que suele acompañar a una nueva Administración no puede ser solo una promesa; debe traducirse en una visión de país clara y en acciones verificables por parte de todas las autoridades, especialmente las electas. Si bien los ciudadanos empiezan a creer que el futuro puede ser mejor, los gobernantes tienen la responsabilidad de consolidar y ampliar esta confianza mediante una estrategia de desarrollo que atienda tanto las necesidades urgentes como los objetivos a largo plazo. Así, se logrará que el optimismo se convierta en el chispazo que encienda los motores de nuestra economía, abriendo paso a un Panamá más justo y próspero para todos.

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