El ‘cuento de nieve’ de Snowland Panamá terminó en multa de miles de dólares
- miércoles 23 de septiembre de 2026 - 11:28 AM
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) cerró formalmente el proceso relacionado con el denominado Snowland Panamá, evento promocionado como una experiencia de nieve que se realizó en diciembre de 2025 y que generó numerosas inconformidades entre los consumidores.
Como resultado de las actuaciones realizadas, se impuso una multa de B/.25,000 por publicidad engañosa, correspondiente al máximo establecido por la Ley 45 de 2007 para este tipo de infracciones.
Desde que se conocieron las irregularidades, la Acodeco realizó gestiones y llamados públicos para procurar que los consumidores afectados presentaran formalmente sus quejas, requisito necesario para tramitar la devolución del dinero.
La institución mantuvo abierto el proceso durante aproximadamente seis meses, con el propósito de brindar un plazo razonable para que quienes consideraran afectados sus derechos acudieran a presentar sus respectivos reclamos.
Sin embargo, a pesar de los constantes llamados realizados por la Acodeco, solo 41 consumidores formalizaron sus quejas, logrando entre todos la devolución de B/.7,342.44.
Con el cierre de este proceso, la institución reitera que la publicidad debe corresponder con las características y condiciones reales de los bienes y servicios ofrecidos. Asimismo, continuará aplicando las medidas que establece la Ley 45 de 2007 ante prácticas que puedan inducir a error a los consumidores.
La Acodeco recuerda a los consumidores que la presentación formal de una queja es fundamental para que la institución pueda intervenir dentro del marco de sus competencias legales.
Al momento de presentar un reclamo, es importante aportar los documentos que sustenten la transacción, como comprobantes de pago, facturas, contratos, publicidad, mensajes u otros elementos relacionados con el caso, además de proporcionar los datos personales y la información necesaria para identificar al agente económico y describir claramente la situación.
Estos elementos permiten a la institución contar con los fundamentos necesarios para realizar las investigaciones y acciones correspondientes en defensa de los derechos de los consumidores.