“El 50% de las víctimas de trata permanecen ocultas”, Dayra Campos

En los últimos cinco años las autoridades han liberado a 97 víctimas de trata, en su mayoría por explotación sexual o laboral. La jefa de la oficina contra la trata de personas del Ministerio de Seguridad, Dayra Campos, pide a la ciudadanía estar muy atentos de lo que ocurre en el nuestros vecindarios, estar pendientes de quiénes entran y salen de los departamentos, de la conducta de las adolescentes y niñas, y quiénes las rodean. En operaciones pasadas se detectaron dos niñas, de seis y 10 años y otras dos adolescentes de 13 y 15 años víctimas de explotación sexual por sus propios familiares.

El 50% de las víctimas han acudido a buscar ayuda e interponer la denuncia ante las autoridades. Es decir, la mitad de los casos, lo que se ajusta a las cifras negras que ocurren en la clandestinidad. Por eso esperamos en esta nueva administración lograr compartir los protocolos que buscan capacitar al personal al momento de entrevistar a las personas y encontrar las rutas para derivar los casos de trata.

Nosotros tenemos más casos en los que las víctimas son niñas y adolescentes panameñas. Cuando ingresamos al despacho el porcentaje de víctimas panameñas alcanzaba un porcentaje del 6%. La gran mayoría de casos era de colombianas, principalmente cuando se trataba de víctimas de explotación sexual y de nicaragüenses cuando se trataba de explotación laboral. Sin embargo, para el 2022 se da un incremento de los casos con víctimas nacionales, niñas y adolescentes.

Esto lo indicamos porque para el 2019, 2020 y 2021 el porcentaje de niñas y adolescentes era muy bajo, no se detectaban tantos casos. Pero de ahí en adelante se ve un incremento sobre todo en casos de trata con fines de explotación sexual.

La edad más baja es seis años. Encontramos a una niña de esa edad siendo víctima de trata de explotación sexual y las personas vinculadas eran familiares.

Pienso que se tiene que trabajar en la familia. En ese caso se trató de una operación conjunta con Costa Rica, denominada ‘Luz de Esperanza’, en la que se veía como los familiares de estas niñas las trasladaban a Costa Rica por la frontera.

En ese caso una unidad del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) nos contactó para dar la alerta que comunicó una señora quien refería que su hermana estaba trasladando a la niña a Costa Rica para explotarla sexualmente. En ese momento hicimos las averiguaciones con los estamentos de seguridad y el Ministerio Público. En la historia de este caso se entendía que se había realizado el acto con meses de anticipación sobre todo por el relato de la niña.

Había más niños, al momento de la operación se rescataron nueve en total. Luego pasó a una verificación y de estos se identificó de forma plena a cinco víctimas, entre ellas dos niñas de seis y 10 años, y dos adolescentes de 13 y 15 años.

Algunas sí, otras del mismo sector donde la población era de escasos recursos económicos. No necesariamente todas eran familia pero los tratantes sí eran todos familia.

Cuando rescatas a estas niñas el primer interviniente es la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) para ofrecer medidas de protección hasta tanto se pudiera verificar el nivel de responsabilidad de sus parientes cercanos y cuál era la alternativa familiar más conveniente. También las intervenciones psicológicas y evitar la revictimización. La comisión contra la trata está integrada por varias instituciones que intervienen, pero al reunirnos establecemos quiénes serán los especialistas y la forma en que van a intervenir.

La comisión contra la trata de personas cuenta con un equipo evaluador conformado por trabajo social y psicología. Ciertamente se necesitan más psicólogos, pero nos apoyamos con la oficina de fortalecimiento emocional del Ministerio de Seguridad para brindar seguimiento y terapias a la víctimas. En el caso de las niñas de Luz de Esperanza el equipo se ha trasladado a Chiriquí para verificar la situación de las víctimas.

Es verdad que existe poco personal, nuestra dirección cuenta con ocho personas a nivel nacional, se necesita más personal, pero el compromiso es amplio. Para expandir el conocimiento capacitamos a las distintas instituciones que conforman las distintas instituciones.

Le agradezco la pregunta. En este momento contamos con un borrador de proyecto que busca actualizar la ley 79 de 2011, de trata de personas y actividades conexas, porque necesitamos robustecer el financiamiento para dar respuesta a las necesidades. Se centraliza la atención de las víctimas en el Estado, a diferencia de otros países donde actúan oenegés. Estamos proponiendo dentro del tema de financiamiento contar con el .50 del impuesto de salida de los extranjeros del territorio nacional. Está establecido un dólar de este mismo impuesto para Conapredes, por eso procuramos que se sumen .50 adicionales para que pasen a la comisión contra la trata de personas.

Eso implicaría subir el impuesto de salida, pero estaría sujeto a las verificaciones y controles al momento de tomar la decisión. Necesitamos revisar la ley porque tenemos 10 años con ella.

Todavía no hemos avanzado a ese monto, pero es un impuesto que cobran otros países. Costa Rica maneja $3 millones, nosotros aspiramos contar con ese dinero para poder brindar el servicio.