Discrepancias en camino a una nueva Constitución

A escasos cuatro meses y medio para que se inicie la posible reforma a la Constitución miembros de la sociedad civil piden un pacto social
  • martes 17 de febrero de 2015 - 12:00 AM

DILEMA

A escasos cuatro meses y medio para que se inicie la convocatoria de una posible reforma a la Constitución anunciada por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, quien apuesta por una Constitución Paralela, miembros de la sociedad civil y sindicalistas insisten en que se debe dar paso y elaborar el documento por medio de una Constitución Originaria.

Carlos Lee, del Movimiento Alianza Ciudadana Pro Justicia, afirma que ‘el poder emana del pueblo y no puede estar condicionado a decretos de una Constitución desfasada, es necesario que se establezca un nuevo pacto social a través de una Constitución Originaria’, dijo.

Está establecido

En la actualidad, la Constitución de Panamá no habla de una Constituyente Originaria, en cambio, en su Artículo 314, se refiere al procedimiento para reformarla a través de una Constituyente Paralela.

Fernando Cebamanos, dirigente sindical, manifestó que ‘seguimos sosteniendo que se convoque a una Constituyente Originaria que tenga pleno poder y que las instituciones del Estado obedezcan a los intereses de los panameños’.

El presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y actual diputado del PRD, Elías Castillo, afirmó que ‘es indudable que hay que actualizarla. El tema del presidencialismo, el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y una serie de autoridades en el país demandan que se dé una reestructuración y se acoja a normas y reglamentos de tiempos modernos’.

Diferencias

La diferencia entre una Constituyente Paralela y Originaria estriba en que la primera permite que los Órganos del Estado sigan funcionando, la otra supuestamente conlleva un freno a la estructura estatal. Para la abogada y diputada independiente Ana Matilde Gómez, ‘una Constituyente Originaria no implicaría un freno, el Estado no tiene por qué detenerse, pues el propio documento podría establecer normas de transición y disposiciones que dicten cómo se irían reemplazando las autoridades’.