Detienen y separan del cargo a funcionarios públicos

Decretan medida cautelar personal de detención provisional en un centro penal para un funcionario del Órgano Judicial y la retención domiciliaria de otras tres (otro servidor del Órgano Judicial y dos funcionarias del Sistema Penitenciario), con la aplicación de brazaletes electrónicos, por los supuestos delitos contra la seguridad colectiva y contra la fe pública.

Oscar Jones Willis, juez de garantías de la provincia de Colón también ordenó la separación del cargo de los cuatro funcionarios, en razón de que uno de los delitos que se les imputó se cometió desde el ejercicio del cargo, como lo indica el numeral 6 del artículo 224 del Código Procesal Penal, así como el artículo 317-A, del Código Penal que tiene que ver con otro de los delitos imputados, y que para que se configure exige ser servidor público.

En la audiencia de garantías celebrada el 17 y 18 de noviembre, al momento de aplicar las medidas cautelares a los funcionarios, el juez consideró el hecho de que había medios para afectar pruebas, además por la naturaleza del delito y el riesgo procesal por habérseles imputado dos o más delitos.

Previamente, el juzgador legalizó la aprehensión de las personas, dando por presentada la imputación de cargos por parte del Ministerio Público, que estuvo representado por la fiscal Lilia Bonome, mientras que por los imputados participaron los defensores técnicos particulares Anthony Barrier, Carlos Tuñón, Lucio Marín y Leisa García.

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