Descentralización paralela: una asociación ilícita

El escándalo por los fondos millonarios transferidos a las juntas comunales allegadas al pasado gobierno, lejos de aclararse, sigue generando reacciones. En medio de la indignación ciudadana, se arrojan luces sobre la utilización de la “división de materia” como mecanismo para evadir los controles fiscales.

Boris Barrios, exfiscal electoral, en su calidad de abogado, quien ha atendido los casos de tres juntas comunales y una alcaldía en sus procesos de transición, destacó haberse encontrado el mismo patrón.

“Pareciera ser que los exrepresentantes y exalcaldes se comunicaban las técnicas para evadir el control fiscal [...] Hacían compras por menos de $2 mil, porque de esa cifra en adelante tenían que pasar un filtro de la Contraloría llamado división de bienes. Los fondos no se invirtieron en obras y quedaron en los bolsillos de particulares y de los exrepresentantes”, dijo Barrios.

Contratos simulados

La situación se agrava, cuando Barrios señala que en el caso de la Junta Comunal de Las Garzas “se alteraron informes contables para justificar gastos”. Incluso mencionó a empresas que presentaron cuentas por cobrar de la misma manera para hacerse de los dineros del Estado.

“El exrepresentante incluso se valió de dictar una resolución, pretendiendo justificarse por siniestros y otros acontecimientos naturales que nunca sucedieron”, agregó.

El corregimiento de Las Garzas recibió un total $8 millones durante la administración pasada.

Fondos sin obras

Para el diputado independiente por el circuito 8-6, Manuel Samaniego, resulta contradictorio las cantidades manejadas comparadas con los nulos beneficios en las comunidades.

“En mi circuito tenemos algunos de los corregimientos más pobres del país. Uno de los corregimientos que más recibió es Pacora, con casi $4 millones en descentralización paralela. Usted va y hace un recorrido y no hay ninguna obra construida. ¿A dónde fueron esos fondos?”, cuestionó el parlamentario.

Samaniego reprochó la inacción del Contralor General de la República, Gerardo Solís, en indagar sobre el uso de estos fondos.

“Al contralor no le ha dado la gana de hacer una auditoría. Por eso es tan importante designar a un contralor que sea una persona seria, independiente del Ejecutivo y que no le deba un favor a nadie”, agregó.

Silencio cómplice

En medio de las alertas enviadas por el propio presidente de la República, José Raúl Mulino, a la fecha no hay una investigación penal en curso.

El mandatario dijo la semana pasada que la información “fue borrada”, por lo que dio un plazo de 60 días a representantes y exrepresentantes para presentar reporte de los fondos ejecutados.

Sin embargo, a juicio del exfiscal del Ministerio Público, Giovanni Olmos, las graves acusaciones ameritan una investigación penal de oficio.

“Parece que aquí hay una complicidad silenciosa y eso es más grave que cualquier otra cosa. Esto parece una asociación ilícita”, aseveró Olmos.

Mientras tanto, Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación de Ejecutivos de Empresa (APEDE), destacó que el concepto de descentralización ha sido “desvirtuado”.

“Como panameños tenemos que sentirnos indignados y pedirle a las autoridades que investiguen a fondo, porque no se puede despilfarrar de esa manera la plata de todos”, manifestó De Sanctis.