Derogatoria de la Ley 406 en la recta final

Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron anoche en segundo debate el Proyecto de Ley 1110, que crea la moratoria minera y deroga la Ley 406 que aprueba el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

Sin embargo, durante la sesión los diputados no dieron debate al Proyecto de Ley 1109, que convoca una consulta popular para el 17 de diciembre y así llegar a un acuerdo con el polémico contrato.

La sesión extraordinaria, que culmina hoy, se realizó en medio de un clima de protestas en las afueras de la Asamblea Nacional, donde incluso se registraron enfrentamientos con los manifestantes.

Expectativa

Previo a la aprobación del Proyecto de Ley 1110 el Colegio Nacional de Abogado hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que ‘cumpla con sus funciones y que no realicen actos que no son de sus competencias'.

El llamado de atención lo hizo el gremio por el proyecto de Ley 1110 que prohibe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, modificado para derogar la Ley 406 que aprueba el contrato minero; y el proyecto de Ley 1109, que convoca una consulta popular para el 17 de diciembre.

‘Permitamos que la Corte Suprema de Justicia realice su trabajo y pueda concluir con la decisión verdaderamente vinculante en nuestro Estado de Derecho, emitiendo su fallo sobre las acciones de inconstitucionalidad interpuestas', puntualizó el comunicado del gremio.

En tanto, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP) también hizo llamado para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en derecho con respecto a las demandas de inconstitucionalidad del contrato minero, luego de que los procuradores Javier Caraballo y Rigoberto González ya emitieron su concepto de ‘inconstitucionalidad' para la Ley 406.

El abogado Alfonso Fraguela alertó ayer en la red social X que la derogatoria de la Ley 406 sería un terrible error que el Estado no se puede costear.

Explicó que esa derogatoria sería un acto unilateral de terminación del contrato por una de las partes (El Estado), ‘lo que daría pie a reclamaciones por incumplimiento del contrato (...) lo correcto es esperar un pronunciamiento de inconstitucionalidad de la Corte', puntualizó el abogado.