Demandan y rechazan nueva Ley de la Contraloría General de la República

Inconstitucional. Organizaciones de la sociedad civil mostraron su preocupación por la sanción de la Ley 351 del 22 de diciembre de 2022, que modificó la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley 32 de 1984), así como la Ley 67 de 2008 que regula la jurisdicción de Cuentas.

De acuerdo con Ernesto Cedeño, el abogado que presentó la demanda de inconstitucionalidad, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la acción legal es en contra de varios artículos de la Ley 32 de 1984.

Ya los magistrados del Tribunal de Cuentas habían advertido que favorecería el clima de corrupción, pero el Ejecutivo no lo tomó en cuenta.

Según Cedeño la Ley debilita el control adecuado de los fondos públicos.

‘Flaco favor se le hace a la institucionalidad de la Contraloría que no merece estos puntos, que se trate de debilitar el buen control de los , manejos del Estado', indicó.