Defensoría del Pueblo se mantiene vigilante por traslado de reos a Coiba

La Defensoría del Pueblo manifestó que se mantiene vigilante ante el traslado de 29 personas privadas de libertad hacia el Parque Nacional Coiba, luego de que el Gobierno ejecutara recientemente el envío de reclusos considerados de alta peligrosidad al centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en la Isla Coiba.

La medida forma parte de una estrategia estatal para golpear las estructuras del crimen organizado y reducir la capacidad de sus principales cabecillas para coordinar actividades delictivas desde los centros penitenciarios. Sin embargo, la decisión ha generado reacciones de distintos sectores debido al valor ambiental y turístico de la isla.

En un comunicado, la Defensoría recordó que el Parque Nacional Coiba ostenta desde 2005 la declaratoria de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Además, citó que la Ley 44 de 26 de julio de 2004 establece que, una vez concluido su uso como penal, el área y las edificaciones pasarían a formar parte de los bienes administrados por el Parque Nacional Coiba. También señala que las personas privadas de libertad que permanecían en el referido penal debieron ser trasladadas a otras áreas a más tardar un año después de la entrada en vigencia de la ley.

La entidad destacó además que la misma legislación prohíbe la construcción de infraestructuras de bajo impacto que no estén destinadas al apoyo sostenible del ecoturismo o a actividades científicas contempladas en el Plan de Manejo. En ese sentido, indicó que comprende los esfuerzos de las autoridades en materia de seguridad, pero considera que el cierre del Centro Penitenciario de Coiba fue un compromiso simbólico internacional del Estado panameño y que su reapertura podría comprometer la condición de Patrimonio Mundial ante la UNESCO.

La Defensoría también reiteró la importancia de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad conforme a la Ley 55 de 2003, el Decreto Ejecutivo No. 393 de 2005 y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas de Mandela.

Mientras tanto, el sector turístico levantó la voz y acusó al Gobierno de poner en riesgo la imagen de uno de los principales tesoros naturales y destinos turísticos del país. La Cámara de Turismo de Mariato calificó la medida como “arbitraria” y cuestionó que se tomara sin consultar a las comunidades locales ni a los actores vinculados a la actividad turística.

Por su parte, la Cámara de Turismo de Veraguas calificó el traslado como un “grave atropello” contra el patrimonio natural del país y advirtió que revivir la imagen de Coiba como sitio de reclusión podría empañar años de esfuerzos para posicionar la isla como un destino de naturaleza de clase mundial.