Corte Suprema echa tierra a la ley del mejor salario
Autoridades locales electas tendrán que conformarse con el sueldo asignado
- viernes 28 de junio de 2024 - 12:00 AM
Las autoridades locales que resultaron electas en las elecciones del 5 de mayo tendrán que conformarse con el salario establecido para la posición que estará ocupando y dejar en el olvido la ‘licencias con sueldo’ junto a los ‘dobles salarios’.
Esto luego de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional dos párrafos de la Ley 376 del 31 de marzo del 2023, que modificó la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública, y que se refiere a los sueldos que devengan los representantes de corregimientos y sus suplentes electos, así como a los alcaldes y vicealcaldes electos.
La decisión de la Corte se realizó atendiendo dos demandas de inconstitucionalidad presentadas por separado por los abogados Roberto Ruíz Díaz y Ernesto Cedeño.
La polémica por la citada ley saltó a la palestra pública hace unas semanas cuando el alcalde electo de Colón, Diógenes Galván, dijo que rechazaría su salario de alcalde -de unos 10 mil dólares- para acogerse a una licencia con sueldo en la ACP para mantener su ingreso de 18 mil dólares como práctico del Canal de Panamá y no desmejorar “la calidad de vida de su familia”.
Ley 376
La magistrada María Cristina Chen Stanziola, ponente del fallo, argumentó que permitir a una persona electa, que previamente ocupaba un cargo público, elegir el salario que devengará, rompe el principio de igualdad consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política.
Para Roberto Ruiz Díaz, se trataba de una “muerte anunciada”, porque previamente ya había un fallo que declaraba inconstitucional el ‘doble salario’.
El abogado Alfonso Fraguela consideró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia marca un hito importante, “porque todo servidor público que se acoja a un licencia para participar en un torneo electoral en el cual pueda salir electo, y de hecho sale electo, no podrá devengar un salario superior al asignado para el cargo al cual se postuló”.
“Se obliga al funcionario a ser consciente que el que aspire a un cargo de elección popular, su emolumento no será superior ni tendrá un fuero y privilegio con respecto a otros”, puntualizó.
