Corredor del Caribe suspendido por orden de la Corte Suprema

El proyecto de construcción y financiamiento de la carretera Quebrada Ancha- María Chiquita, que forma parte del denominado Corredor del Caribe enfrenta un revés judicial, luego que la Sala Tercera de lo Contencioso, Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitiera una demanda de nulidad contra el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría II, que fue aprobado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), mediante la Resolución N°DEIAIA-055-2023 del 13 de julio de 2023.

El mencionado proyecto ha sido duramente cuestionado por los daños ambientales ocasionados a la reserva natural privada Sierra Llorona, ubicada en Santa Rita, provincia de Colón.

El Tribunal de justicia señaló en su escrito de admisión, que consta de 12 páginas, que MiAmbiente “ha desconocido la opinión y recomendación técnica de expertos de la propia entidad acusada, como también de organizaciones de la sociedad civil que velan por la protección del medio ambiente”.

La orden de proceder para este proyecto de 14 km de carretera, que pretende unir la autopista Panamá- Colón con la Costa Arriba, fue entregada en noviembre de 2022 al Consorcio Transeq S.A.- Ingeniería Estrella por la administración del presidente Laurentino Cortizo y representa una inversión de $91.6 millones.

Según pronunciamiento previo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la construcción tiene el compromiso de “implementar de prevención, mitigación y compensación las cuales se encuentran enmarcadas en estudio aprobado”.

Pese a ello, la CSJ ha ordenado una medida preventiva con la suspensión temporal del EIA, dejando sin base jurídica al proyecto en construcción, hasta tanto se emita un fallo de fondo “en torno a la legalidad o ilegalidad del acto demandado”.

Ayer, el MOP convocó a un foro público en la Cancha de Río Gatún en el sector 1, al lado de la Casa Comunal de Limón para someter a consulta y evaluación del contenido de un nuevo EIA, esta vez categoría III, que daría viabilidad al proyecto.

Susana Serracín Lezcano, abogada ambiental y presidente de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), destacó que se trata de un “foro extemporáneo” ya que debió realizarse antes de la devastación y por la reciente decisión de la Corte.

“Estuve leyendo el EIA Categoría III recientemente presentado y que tiene incidencia en la Cuenca del Canal y pude advertir algunas inconsistencias que dan base a otra demanda. Justamente estaremos analizando nuestras próximas acciones”, dijo Serracín Lezcano a El Siglo.

En la reunión, los promotores del proyecto, reiteraron que los impactos ambientales, “son mitigables”, sin embargo, se contradijeron pues los consultores señalaron tener viabilidad de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y un funcionario de le entidad, que participó del foro, dijo “estar evaluando el Estudio de Impacto Ambiental”.