El contralor general Anel “Bolo” Flores convocó una conferencia de prensa donde anunció que presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad y nulidad contra el contrato entre el Estado panameño y la empresa Panamá Ports Company.

Explicó que ambas acciones legales están fundamentadas en la auditoría realizada en abril pasado, en la cual se detectaron numerosas irregularidades. “No solo es un contrato malo, sino también leonino y abusivo contra los intereses del país”, afirmó.

Flores agregó que “hay publicaciones a nivel internacional donde se menciona que existen transacciones millonarias relacionadas con los puertos que Panamá Ports opera en Balboa y Cristóbal, y esas transacciones no incluyen a Panamá, que es el verdadero dueño de esos puertos”.

De acuerdo con el contralor, la investigación lleva tres meses y medio, y hasta la fecha se han realizado unas 160 diligencias, incluyendo entrevistas, comisiones y solicitudes especiales.

Cabe destacar que el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, declaró recientemente que la investigación relacionada con Panamá Ports Company, tras la auditoría de la Contraloría, está siendo atendida por la Fiscalía Anticorrupción, específicamente en la Sección de Alta Complejidad.

En abril de este año, la Procuraduría General de la Nación, tras las declaraciones del contralor Flores, inició de oficio una investigación penal por la posible comisión de delitos contra la Administración Pública u otros hechos punibles en perjuicio del Estado, con el fin de esclarecer los hallazgos revelados en la auditoría realizada a la empresa Panama Ports Company (PPC).

En esa ocasión, Flores afirmó que Panamá debió haber recibido 1,337 millones de dólares durante el periodo de la concesión. Sin embargo, solo ingresaron $483 millones, lo que representa un perjuicio económico para el Estado panameño de $853 millones. “O sea, nos dieron una propina”, destacó el contralor.