Conato se compromete a jugar su papel en escogencia de los magistrados de la Corte

Eduardo Gil, secretario general del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), habla sobre la inclusión reciente de la agrupación en el Pacto de Estado por la Justicia y el rechazo de la asociación al proyecto de ley sobre Asociaciones Público-Privadas (APP).

¿Para ustedes fue una sorpresa que la discusión del proyecto APP en segundo debate haya bajado?

La información oficial es que el segundo debate sobre el proyecto de ley 12 fue suspendido, no que se haya bajado a primer debate como es la propuesta del Conato. Por lo tanto, consideramos que no es suficiente, se hace necesario bajarlo a primer debate y abrir un diálogo multisectorial y democrático.

¿Por qué rechazan el proyecto?

Las APP responden a un modelo privatizador, en el que poco a poco se reducen las funciones del Estado, que se ha aplicado a nivel mundial desde finales del siglo pasado y que ha sido un fracaso desde el punto de vista social y económico por las grandes desigualdades que han creado. Además, Conato señala algunos puntos: Se trata de una forma de privatización que encarecería el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios, tanto para el Estado como para la población, ya que incluye el lucro privado dentro de la función pública. Desmejora la prestaciones y cobertura de los servicios, compromete los ingresos futuros del Estado e incentiva la corrupción.

¿En qué puntos se establecerían las privatizaciones?

En toda la función pública, aún cuando el artículo 2 de esta ley señala algunas exclusiones. En el caso de la salud sólo limita las APP a la prestación de ‘servicios de salud médica' y en la educación se excluye a ‘servicios de educación'. Todo lo demás relacionado con a la salud y la educación pública, estaría sujeto a privatización. Es decir, tanto los hospitales como los centros educativos podrían quedar siendo administrados por las empresas privadas. Una de las instituciones que más preocupa es el IDAAN, que siempre ha motivado el interés del sector privado.

¿Han tenido acercamientos con la Asamblea o el Ejecutivo tras bajarse el proyecto?

Tras conocer la suspensión del segundo debate, hemos establecido contacto con algunos diputados y diputadas para poder reunirnos y sustentar nuestra posición. Sin embargo, hasta la fecha no hemos concretado las reuniones.

¿Qué proponen específicamente de ese proyecto?

El proyecto de ley 12 debe ser devuelto a primer debate y allí en un diálogo multisectorial y democrático, buscar alternativas de financiamiento público, analizar los resultados sociales de los contratos de APP a nivel nacional e internacional y buscar mecanismos efectivos de fiscalización y control en las contrataciones públicas.

Recientemente, el presidente Cortizo firmó el decreto sobre incluirlos en el Pacto de Estado por la Justicia para que participen de la escogencia a magistrados de la CSJ, ¿qué esperan ustedes?

Que se atienden las recomendaciones emanadas del Pacto y que no sea sólo un mecanismo para validar mediante ‘consultas' los intereses del ejecutivo en estas designaciones

¿Se han puesto en contacto con los miembros del pacto para lo de la inclusión?

No, hasta la fecha, no hemos tenido ningún contacto.

¿Que analizará CONATO específicamente de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia?

Su trayectoria jurídica, formación, profesionalismo, competencia, independencia político partidista y su ética.

El presidente de la República, Laurentino ‘Nito' Cortizo, le tocará en su mandato nombrar a más de la mayoría de estos magistrados de la Corte, ¿qué piensa de esto, no le dará más poder?

En efecto, es preocupante que la elección de esta mayoría de magistrados o magistradas, se constituya en una concentración de poder en el Ejecutivo. Es una tentación para los mandatarios hacerse con el control absoluto de los poderes del Estado. No hay que olvidar que el partido gobernante, tiene a su vez mayoría en el Órgano Legislativo.