Comisión destapa las heridas del cierre de la mina: esto fue lo que reveló

El futuro de la mina volvió al centro de la discusión nacional. La Comisión de Alto Nivel encargada de analizar el impacto y las consecuencias del cierre de la mina informó que será a finales de 2026 cuando entregará sus recomendaciones al presidente de la República, José Raúl Mulino, quien tendrá la última palabra sobre el destino del proyecto minero.

Durante una conferencia, los ministros que integran la comisión —Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; Julio Moltó, de Comercio e Industrias; y Juan Carlos Navarro, de Ambiente— expusieron los efectos económicos, sociales y ambientales que ha dejado la suspensión de operaciones desde finales de 2023.

Moltó señaló que el cierre de la mina tuvo un fuerte impacto en el empleo y la economía de las comunidades vinculadas a la actividad minera. Detalló que más de 40 mil 800 personas perdieron sus puestos de trabajo de manera directa e indirecta, mientras que unas 170 mil personas resultaron afectadas al tomar en cuenta a sus dependientes.

Además, indicó que en Coclé el desempleo aumentó de 4% a 13% y que miles de pequeñas y medianas empresas sufrieron las consecuencias de la paralización de operaciones.

“Cerrar la mina no eliminó el problema”, afirmó Moltó, al destacar que el Estado debe evaluar todas las repercusiones económicas, sociales y ambientales antes de tomar una decisión.

Golpe económico

Por su parte, el ministro Chapman advirtió que la paralización de Cobre Panamá representó un fuerte golpe para la economía nacional.

Según Chapman, Panamá ha dejado de generar más de $6,300 millones en los últimos 32 meses, lo que representa pérdidas cercanas a $5.9 millones diarios.

El desafío ambiental

El ministro Navarro agregó otro elemento al debate al señalar que el cierre de la mina no significó una solución inmediata para los problemas ambientales.

“La gran ironía es que el cierre de la mina no protegió de inmediato el ambiente; todo lo contrario, lo colocó en una situación crítica que ahora estamos tratando de resolver”, manifestó.

Navarro explicó que uno de los principales retos es el manejo de 38 millones de toneladas de mineral almacenado, que podrían generar drenaje ácido de roca si no reciben un tratamiento adecuado.

También advirtió que mientras el país mantiene la discusión sobre Cobre Panamá, la minería ilegal continúa avanzando de manera silenciosa y destructiva en zonas como Darién y la propia región de Donoso.

Hay que resaltar que el cierre ocurrió a finales de 2023, luego de semanas de protestas nacionales contra el contrato minero. Posteriormente, el 28 de noviembre de ese año, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la ley que aprobaba el contrato entre el Estado panameño y la empresa minera.