Coiba: traslado de reos genera rechazo en el sector turístico

Lejos de calmarse, la controversia por el traslado de 29 privados de libertad de alta peligrosidad a instalaciones ubicadas dentro del Parque Nacional Coiba sigue creciendo. Ahora, el sector turístico levantó la voz y acusó al Gobierno de poner en riesgo la imagen de uno de los principales tesoros naturales y destinos turísticos del país.

La Cámara de Turismo de Mariato arremetió contra la medida impulsada por el Ministerio de Seguridad, calificándola de “arbitraria” y cuestionando que se tomara sin consultar a las comunidades locales ni a los actores que dependen de la actividad turística en la región.

Por su parte, la Cámara de Turismo de Veraguas fue aún más contundente al catalogar el traslado de los reclusos como un “grave atropello” contra el patrimonio natural del país. El gremio advirtió que revivir la imagen de Coiba como sitio de reclusión podría empañar años de esfuerzos para posicionar la isla como un destino de naturaleza de clase mundial.

A la creciente ola de cuestionamientos también se sumó el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos del Movimiento Otro Camino (MOCA), quien aseguró que el Gobierno no ha manejado adecuadamente la situación. El diputado cuestionó que se utilice un área protegida como el Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, para albergar a reclusos de alta peligrosidad.

Cedeño también planteó interrogantes sobre por qué no se están utilizando las instalaciones de Punta Coco, que fueron concebidas precisamente para albergar a este tipo de privados de libertad, por lo que consideró necesario que las autoridades expliquen las razones que motivaron el traslado hacia Coiba.

Pese a las críticas, el Gobierno mantiene firme su postura. Las autoridades explicaron que los privados de libertad han sido trasladados de manera escalonada al centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en Isla Coiba, bajo estrictas medidas de seguridad y control.

Aclaró que la medida no representa la reapertura del antiguo centro penitenciario que funcionó en el pasado en la isla, ni menos se piensa construir nuevas infraestructuras carcelarias dentro de esa área protegida.

También resaltó que esta medida se adopta debido a las vulnerabilidades detectadas en el centro de detención de Punta Coco, desde donde presuntamente se estarían coordinando actividades ilícitas que afectan a ciudadanos panameños.