Cobraron miles de dólares por buses que no existían
Usaron certificados de operación no vigentes para cobrar indemnizaciones.
- miércoles 21 de diciembre de 2022 - 12:00 AM
Compensación de los diablos rojos fue aprovechada por dirigentes sindicales, dueños, concesionarias y particulares para hurtar dinero de todos los panameños, en el momento en que el Estado decidió remover la flota por un sistema, moderno y seguro.
Los ‘diablos rojos' eran buses de lata, sin aire acondicionado, la mayoría con desperfectos mecánicos, muchos de los cuales dejaron cientos de muertos, discapacitados y lesionados, además de protagonizar constantes ‘regatas' en la disputa por los pasajeros.
Corrupción al máximo nivel
De acuerdo con la fiscal Anticorrupción, Kira Tascón, ‘las reglas para ser compensados tenían que ser de un cupo un bus, sin embargo, hubo certificados de operación o cupos, que no tenían una unidad vehicular que acreditara que ese certificado de operación se mantenía vigente'.
En muchos casos, por ‘cada certificado de operación que no tenía una unidad vehicular, fueron [los imputados] , a buscar buses al interior del país para casarlos con los certificados que ellos [las prestatarias] tenían aquí en Panamá, pero el bus que era del interior operaba allá y no aquí en la cuidad de Panamá o San Miguelito. Hubo incluso buses que fueron cambiados y que posteriormente esa misma unidad ingresaba con un certificado de operación, aunque estos fueron muy pocos'. detalló la fiscal.
De acuerdo con una fuente del Ministerio Público, los buses del interior y rutas de servicio que cobraron la indemnización suman más de 150.
Acusados
28 dirigentes del transporte y concesionarias fueron imputados inicialmente y, entre los llamados a juicio están: Eduardo Álvarez Romero, Esteban Manuel Rodríguez, Esteban Rodríguez Ávila y Franz Olmedo Wever Zaldívar, además del empresario de La Chorrera, César Augusto Herrera.
En total son 198 los acusados por el presunto delito contra la administración pública en perjuicio de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), de un total de 541 personas imputadas.
Dueño de financiera hasta el cuello
La Fiscalía Anticorrupción de descarga, previamente le formuló cargos criminales a Roberto Salomón Homsany Esses, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.
En la audiencia preliminar la fiscalía sustentó la participación criminal de Homsany Esses, en que, supuestamente, valiéndose de varias personas colaboradoras de su empresa financiera logró obtener un número plural de compensaciones por cupos de buses de transporte público, sorprendiendo la buena fe de funcionarios tanto administrativos como directivos de la ATTT.
El abogado Alvin Weeden, defensor de una de las partes en la causa criminal en la audiencia preliminar, vinculó directamente a Homsany Esses, engañó a sus trabajadoras haciéndoles firmar documentación e hizo ver que todo estaba debidamente correcto, además les dijo que ellas recibirían una compensación por unos cupos de transporte, engañando así al Estado.
El abogado Julio Leal manifestó que Homsany supuestamente, todo lo hizo a nombre de la financiera, sin embargo, lo extraño es que la fiscalía Anticorrupción no le ha aprehendido bienes a la citada empresa, toda vez que la lesión al Estado es superior a los 4 millones de dólares, solo entre él y un sobrino.
Leal mandó un mensaje a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias: ‘El señor Roberto tiene siete llamamientos a juicio y, tanto el Código Judicial, Libro Tercero, hoy derogado y el Código Procesal Penal establecen que cuando una persona está gozando de libertad caucionada y comete un nuevo hecho delictivo se le debe cancelar la fianza de excarcelación y ordenar su detención provisional y no podrá gozar de libertad caucionada; varios abogados hemos solicitado la cancelación de la fianza y no hay juez de garantías que lo haga, los de garantía dicen que dicha fianza se le otorgó en el sistema inquisitivo y cuando vamos ante este juez [inquisitivo], no se pronuncian porque dicen que quienes deben pronunciarse son los jueces de garantías que le formularon los cargos', concluye el documento.
