CNRE finalizó discusiones de reformas al Código Electoral

Este martes 26 de enero la  Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) concluyó las reuniones  para perfeccionar el Código Electoral para las elecciones Generales del 2024.

El Presidente de la CNRE, magistrado Alfredo Juncá Wendehake,  manifestó que al terminar las sesiones el proyecto de reformas pasará a la Dirección de Organización Electoral  para la revisión final del texto y poder presentarlo a la Asamblea Legislativa  en la primera semana del mes de febrero.

Durante la reunión, el magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Heriberto Araúz Sánchez, agradeció a todos los comisionados  por su dedicación y esmero  en los debates de las reformas electorales y señaló que este es un proyecto de Estado  que tiene como objetivo común tener  un mejor sistema democrático.

En esta sesión los comisionados aprobaron el artículo 437-A sobre la convocatoria a referéndum y plebiscitos municipales. Y  el artículo 116 referente a la  formalización de alianzas entre los partidos políticos que podrán acordarse entre los meses de julio a septiembre  del año anterior al de las elecciones.

En cuanto al tema de violencia política el TE tiene el compromiso de adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas  de la Ley  184 de 2020 en materia electoral.

En las discusiones se presentó la propuesta del sector de las Organizaciones no Gubernamentales  por el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, la cual  no fue aprobada porque se estaría violando la Constitución de la República, porque los movimientos políticos  no tienen sustentación  constitucional.

Además se aprobaron dos artículos propuestos por la Fiscalía General Electoral en adición  al artículo 133  que  establece que,  de común acuerdo y coordinación con el TE,  hacer uso de la flota de transporte. Así como el 136 referente a que el  TE y la Fiscalía podrán proporcionar orientación y capacitación  en materia de organización, procesos electorales  internos, de organismos, instituciones o personas  jurídicas  de derecho público o privado, a solicitud de estas y con respeto a la autonomía de sus regímenes internos.