Castigar el transfuguismo: proponen cárcel y pérdida del cargo
La iniciativa ciudadana fue presentada ante la Asamblea Nacional y plantea sanciones penales, electorales y económicas
- miércoles 22 de julio de 2026 - 10:21 AM
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Agrega El Siglo en Google ↗️Un grupo de ciudadanos presentó este martes ante la Dirección Nacional de Promoción de la Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca tipificar el transfuguismo político como delito y falta electoral.
La propuesta pretende sancionar a los funcionarios de elección popular que cambien de partido o plataforma política durante el ejercicio de su mandato.
Según el documento, se considerará transfuguismo cuando una autoridad electa renuncie al partido o plataforma con la que obtuvo el cargo, se afilie a otro colectivo o pase a integrar una bancada distinta. También se configuraría cuando vote en contra de las directrices o del plan de gobierno de la organización política que respaldó su candidatura.
El anteproyecto establece además una presunción de transfuguismo cuando un funcionario, tras separarse de su partido, acepte cargos, contratos de consultoría o beneficios económicos provenientes de otra organización política o del Órgano Ejecutivo dentro de los seis meses siguientes.
Entre las sanciones planteadas destacan la pérdida de la credencial y del cargo, una multa equivalente a 24 meses de salario, la devolución del financiamiento público utilizado en la campaña electoral y la inhabilitación por diez años para aspirar a cargos de elección popular o ejercer cargos de libre nombramiento.
La iniciativa también propone sancionar a los partidos políticos que incorporen formalmente a funcionarios considerados tránsfugas. Además, contempla penas de prisión de cinco a diez años para quienes cambien de partido a cambio de dinero, cargos públicos, contratos u otros beneficios económicos, así como para quienes ofrezcan esas prebendas.
De acuerdo con la propuesta, cualquier ciudadano podrá presentar denuncias por presuntos casos de transfuguismo, mientras que el Tribunal Electoral sería la entidad competente para conocer los procesos relacionados con la pérdida de credenciales.
El texto señala que, de ser aprobado, el proyecto solo sería aplicable a los períodos constitucionales que inicien después de la entrada en vigencia de la nueva ley.
El autor es estudiante de Periodismo
