- viernes 26 de agosto de 2016 - 12:00 AM
¿DEMANDA?
El Gobierno, al echarse al bolsillo a los dirigentes de la comarca Ngäbe-Buglé con el acuerdo que firmaron el pasado 17 de agosto sobre el proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco, se ganó al parecer un nuevo enemigo.
Se trata de la empresa Generadora del Istmo, S. A. (Genisa), encargada de esta obra.
El Siglo tuvo acceso al acuerdo firmado por el presidente Juan Carlos Varela, ministros y la cacica Silvia Carrera, el cual todavía no se hace público.
El nombre de esta compañía solo se menciona en el documento para indicar que será retirada de las operaciones del proyecto y remplazada por un ‘tercero independiente'.
Posible demanda
Esta acción –para el exministro de Seguridad José Raúl Mulino– puede ser una causal para que la compañía demande al Gobierno y, si van a los tribunales, ‘tienen las de ganar', agregó.
Calificó el acuerdo como un ‘exabrupto jurídico' y señala que no se puede hablar de fideicomiso si Genisa no lo aprobó.
Mulino dijo que esto fue un total engaño a la comunidad y que la tercera empresa ya debe tener nombre y apellido y que sería aliada del Gobierno.
Mientras que el jurista Miguel Antonio Bernal considera que este acuerdo fue improvisado y que el Gobierno lo hizo con el fin de seguir con el llenado de los embalses, como lo indica el artículo 10.
Resaltó que lo pactado no especifica cómo Genisa será remplazado y cuánto se le desembolsará. ‘Esto debe detallarse', dijo.
En cuanto a los otros puntos del documento, el jurista expuso que los indígenas se dejaron llevar por el artículo 3, en el que se detalla que 50% de la mano de obra debe estar compuesta por indígenas y campesinos.
‘Este convenio es confuso, difuso e iluso', puntualizó Bernal.
Bueno para la comarca
Albin Weeden, asesor de la cacica Silvia Carrera, recalcó que este acuerdo es un gran triunfo porque beneficia al pueblo ngäbe-buglé, ya que se indemnizará a los afectados de los crímenes que se dieron en la administración de Ricardo Martinelli y el exministro Mulino.
(Busque el acuerdo completo en el sitio web www.elsiglo.com ) .
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El acuerdo habla de rescate administrativo y crearán empresa estatal con 51% de participación indígena
