Autoridades judiciales podrán consultar los movimientos migratorios de nacionales y extranjeros

Las autoridades de seguridad y judiciales de Panamá suscribieron un convenio para poder tener acceder a la información al Registro Único de Extranjería para validar y certificar la identidad de los foráneos y también de nacionales que están en etapa de investigación, proceso judicial o cumplimiento de condena.

Mediante este convenio, las partes involucradas emprenden acciones conjuntas de cooperación, que permiten la interoperabilidad de datos y la tramitación electrónica, para disminuir el consumo de papel y promover el intercambio seguro de documentos para trámites gubernamentales.

Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad Pública explicó que esta firma permitirá establecer, mantener y desarrollar relaciones interinstitucionales para cumplir con la normativa vigente y procurar el fortalecimiento continuo de la prestación del servicio que ofrecen, y se darán capacitaciones para el uso correcto de la tecnología.

Por su parte la Magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias indicó este proyecto se refiere a la modernización del sistema de justicia panameño y para   la protección de los niños, niñas y adolescentes, a quienes les debemos no solo un presente, sino también un futuro en el que puedan crecer y desarrollarse.

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En tanto, el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo , manifestó que a través de este convenio se podrá brindar un mejor servicio a los ciudadanos y permitirá tener a la mayor brevedad posible informaciones de los extranjeros que intenten ingresar al país.

El Ministerio Público y al Órgano Judicial tendrá acceso a consultas de los movimientos migratorios de nacionales, extranjeros, al estatus migratorio y tramitación de forma gratuita y expedita de las restricciones de salida del territorio nacional, su levantamiento y suspensión.

En el convenio se establece que los funcionarios que hagan mal uso de las aplicaciones tecnológicas de los datos obtenidos y que genere daños a las instituciones o a terceros , responderán administrativa, civil o penalmente, según corresponda.

Además, cada una de las partes será responsable de los datos que se guarden, actualicen o modifiquen en sus sistemas informáticos, con atención y respeto de los principios y derechos contenidos en la Ley N° 81 de 2019, “sobre protección de datos personales”.