Autoridad Marítima de Panamá tumba polémica resolución tras fuerte presión

La medida que restringía por 10 años el acceso a ciertos expedientes provocó hasta la reacción del presidente José Raúl Mulino
  • martes 01 de septiembre de 2026 - 7:30 PM

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) decidió derogar la Resolución JD No. 012-2026, que había establecido restricciones de acceso por un periodo de 10 años a información contenida en determinados expedientes administrativos.

La decisión fue tomada este martes 1 de septiembre, durante una sesión extraordinaria de su Junta Directiva.

La resolución, aprobada inicialmente por la Junta Directiva y publicada el pasado 28 de agosto en la Gaceta Oficial N.° 30600, había encendido el debate público.

La medida contemplaba declarar de acceso restringido documentación relacionada con concesiones de áreas, licencias de operación e investigaciones por infracciones de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.

El asunto generó cuestionamientos sobre transparencia y acceso a la información pública, al punto de que el propio presidente José Raúl Mulino manifestó su rechazo y pidió reconsiderar la decisión. Con la presión pública creciendo, la AMP finalmente optó por echar para atrás la resolución y dejarla sin efecto.

La AMP explicó que la medida original buscaba proteger información confidencial cuya divulgación pudiera afectar procesos legales en curso o comprometer la defensa del patrimonio público.

La institución citó disposiciones legales que permiten restringir información de carácter confidencial o de acceso limitado, así como proteger información industrial o comercial.

Sin embargo, al anunciar la derogación, la entidad aseguró que no existía intención de limitar el derecho ciudadano a la información pública. Por el contrario, sostuvo que la nueva decisión reafirma su compromiso con una gestión abierta, transparente y apegada a la ley.

La resolución había generado especial atención porque establecía un periodo de hasta una década de reserva, lo que levantó dudas sobre el alcance de la medida y qué tipo de información quedaría fuera del acceso ciudadano.