Asoprof denuncia “castigo colectivo”: ¿debido proceso o represalia?

La Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) vuelve a encender las alarmas. Esta vez, no se trata de la polémica Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), sino de los procesos administrativos que enfrentan 700 docentes que, a pesar del levantamiento del paro el pasado 11 de julio, aún no han podido reincorporarse a las aulas.

Desde el gremio denuncian lo que consideran un “castigo colectivo disfrazado de legalidad”.

El dirigente Diógenes Sánchez fue claro y contundente: el Ministerio de Educación (Meduca) ha abierto procesos contra cientos de docentes que, según él, no fueron reemplazados durante la huelga, lo que legalmente les permitiría regresar a sus puestos sin represalias. “Sin embargo, al volver, en lugar de sus aulas, se encontraron con notificaciones de investigación”, aseguró.

Más grave aún, según Sánchez es que algunos recursos de reconsideración habrían sido rechazados antes siquiera de ser formalmente presentados, una maniobra que viola los principios más básicos de justicia y debido proceso.

Estas declaraciones surgen apenas dos días después de la reunión entre los gremios y el Meduca, como parte del acuerdo del 11 de julio. Pero lejos de traer soluciones, el encuentro dejó un sabor amargo. La ministra Lucy Molinar no asistió, y no se logró ningún avance significativo, afirmó Sánchez.

Por su parte, el Meduca sostiene que todo se está llevando a cabo conforme al debido proceso, que no se han emitido nuevas notificaciones y que ningún docente ha sido destituido. El asesor ministerial Jaime Castillo aseguró que a todos los involucrados se les ha garantizado el derecho a la defensa.