APEDE pide eliminar ‘válvula de escape’ de los partidos políticos

Panamá atraviesa en 2026 un momento decisivo con la discusión de las reformas electorales que regirán el proceso de 2029. En medio del debate sobre la proporcionalidad electoral, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) advirtió que la falta de una paridad efectiva en la postulación de candidaturas sigue siendo una deuda que debilita la calidad de la democracia.

El gremio empresarial cuestionó que la Comisión de Reformas Electorales mantuviera la llamada “válvula de escape” del artículo 373 del Código Electoral, una excepción que permite a los partidos políticos no cumplir con la postulación paritaria de 50% mujeres y 50% hombres. Se trata de la primera vez, en más de dos décadas de reformas, que esta excepción no es eliminada desde la propia instancia técnica de consenso.

Históricamente, la Comisión había avanzado en el fortalecimiento del principio de paridad y era en la Asamblea Nacional donde la excepción se reincorporaba. En esta ocasión, sin embargo, el retroceso se produjo desde la Comisión, con el voto de abstención —que equivale al aval— de la mayoría de los partidos políticos y, según APEDE, también de representantes del sector privado y del ámbito académico.

La organización destacó que la experiencia comparada en América Latina demuestra que la paridad efectiva sí funciona. Países de la región han alcanzado entre un 45% y 52% de mujeres electas en parlamentos y gobiernos locales, mientras que Panamá se mantiene rezagado, con cifras que oscilan entre el 21% y 23%.

Aunque en los últimos procesos electorales se ha registrado un leve aumento en las postulaciones femeninas, la brecha sigue siendo amplia. La mayoría de las candidaturas principales continúan en manos de hombres, mientras que las mujeres son ubicadas, en gran medida, en cargos de suplencia. Para APEDE, esto confirma que la actual fórmula no corrige las desigualdades, sino que las reproduce.

La “válvula de escape” permite a los partidos alegar una supuesta falta de participación femenina, certificada por las secretarías de la mujer de los propios colectivos políticos. En la práctica, esta excepción vacía de contenido el principio de paridad y perpetúa un sistema que no garantiza igualdad real en el acceso a los cargos de elección popular.