Ambientalistas denuncian uso de la justicia como herramienta de persecución en Panamá

Diversas organizaciones de la sociedad civil que forman el Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y más de 60 grupos aliados rechazaron el uso del sistema judicial como herramienta de intimidación contra defensores del ambiente en el país. Según denunciaron, se trata de una estrategia impulsada por sectores vinculados a proyectos que amenazan el patrimonio natural de Panamá.

Las declaraciones surgen luego de que se interpusieran dos querellas contra el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y entidades que han promovido la protección de áreas naturales en la provincia de Chiriquí, especialmente ante el impacto que tendría el proyecto de Puerto Barú. Ambas organizaciones sostienen que su trabajo busca generar conciencia y proponer alternativas sostenibles, no impedir el desarrollo.

Los señalamientos fueron calificados por observadores internacionales como un “litigio estratégico contra la participación pública” o SLAPP, una práctica que busca silenciar y hostigar judicialmente a quienes defienden causas ambientales o sociales. Ante ello, las agrupaciones solicitaron al Ministerio Público desestimar las demandas y garantizar la protección del espacio cívico y de los defensores de derechos humanos y del ambiente.

Las organizaciones insistieron en que sin ecosistemas saludables no puede haber bienestar ni economía duradera. Subrayaron que la verdadera sostenibilidad en Panamá depende del respeto a las leyes ambientales y del respaldo a quienes dedican su labor a preservar los recursos naturales del país.