La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordenó la suspensión provisional de los efectos del Decreto Alcaldicio N°08, emitido el 20 de agosto de 2024 por la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, fue aplaudida por los residentes del distrito, ya que este decreto establecía 101 nuevas sanciones.

De acuerdo con Luis Tejira, dirigente de Arraiján, la suspensión era algo que la comunidad estaba clamando, ya que consideran que el decreto era ilegal y nefasto. “Estamos convencidos de que será suspendido en su totalidad porque contradice normas nacionales y viola derechos humanos”, enfatizó.

La decisión de la CSJ se dio tras la demanda contencioso-administrativa de nulidad presentada por el abogado José Galloway, quien argumentó que el decreto violaba principios de estricta legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima en la administración pública. Además, Galloway cuestionó la competencia de la autoridad local para regular asuntos penales y de tránsito.

El decreto incluía sanciones controvertidas, como multas de entre $50 y $100 por escupir o tirar chicles en espacios públicos, lo que generó un gran descontento entre los residentes. También se establecían multas de entre $100 y $500 para quienes no portaran su documento de identidad vigente y se hacían referencias a sanciones de tránsito. Estas medidas fueron ampliamente criticadas por la población.

La decisión de la magistrada María Cristina Chen, de la Sala Tercera de la Corte Suprema, marca un hito en el análisis de la constitucionalidad de la normativa municipal y las competencias locales. El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 31 de octubre de 2024.