A Patria Portugal se le cumplió su milagrito: ¡va para la calle!

Patria Portugal figuraba en la lista de 188 personas privadas de libertad candidatas a recibir indulto o rebaja de penas
  • martes 22 de julio de 2025 - 7:18 PM

La exdefensora del Pueblo, Patria Portugal, quien figuraba en la lista de 188 personas privadas de libertad candidatas a recibir indulto o rebaja de penas en la posición número 59, ya se encuentra en libertad.

Hoy se publicó en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo N° 24, que concede la rebaja de pena. Este decreto cuenta con la firma del presidente de la República, José Raúl Mulino, y de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

“Luego del análisis de la documentación, la cual fue encontrada conforme a las disposiciones legales que regulan la materia, ha quedado establecido que las personas privadas de libertad mencionadas en este decreto cumplen con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política”, relata el Decreto Ejecutivo.

De acuerdo con el artículo 184 de la Constitución de la República de Panamá, es facultad del Presidente decretar indultos, rebajas de penas o conceder libertad condicional, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 112 del Código Penal y en el artículo 99 del Decreto Ejecutivo 393 de julio de 2005, que regula el funcionamiento del sistema penitenciario.

Caso

Portugal cumplía una condena de 96 meses de prisión por el delito de peculado agravado en perjuicio de la Defensoría del Pueblo. Actualmente, se encontraba recluida en el Centro Femenino de Rehabilitación Doña Cecilia Orillac de Chiari.

La exfuncionaria fue detenida el 20 de junio de 2023 y permaneció varios días en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón. Posteriormente, el 12 de julio fue trasladada al centro penitenciario de Llano Marín, en Penonomé, y luego al Centro Femenino de Rehabilitación Doña Cecilia Orillac de Chiari.

El caso que llevó a su condena se remonta a 2012, cuando, en su calidad de defensora del Pueblo, firmó un contrato de consultoría por más de 200 mil dólares con una empresa sin experiencia para el rediseño del sitio web institucional, lo que derivó en una malversación de fondos públicos.