$2 mil 700 millones en demandas

BATALLA LEGAL

En constante alerta se mantienen las víctimas del jarabe con dietilenglicol, quienes exigen al Estado dos mil 700 millones de dólares en demandas.

El pasado 23 de agosto, el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, dijo que actualmente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reposan 417 demandas contra el Estado por el envenenamiento.

El Gobierno, según González Montenegro, se prepara con sus abogados para hacerle frente a estas demandas.

La espera

‘Yo era una mujer sana, el único problema que tenía era el asma y quedé tres días hospitalizada en el Santo Tomás antes de que supiera que me había tomado un veneno', dice Minerva Magallón, de 59 años. Mientras habla con El Siglo, su esposo la observa desde otra mesa en un restaurante ubicado en Santa Ana.

Minerva es una de las mil 600 personas afectadas por el jarabe envenenado con dietilenglicol que acabó con la vida de unas 400 personas en 2006 y que, al sol de hoy, no han visto justicia.

‘El medicamento desbarató a toda mi familia, sobre todo mis relaciones con mi esposo', alega.

Ella, al igual que los demás sobrevivientes, presentaron a través de sus abogados demandas al Estado, al que culpan por haber permitido las muertes por veneno.

Los demandantes

El pasado 29 de agosto de 2018, el Comité de Familiares y Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida, a través de su abogado Francisco Carreira Pitti, presentó una demanda de 300 millones de dólares contra el Estado, entre ‘lucros cesantes y daños morales'.

El Comité y su equipo de abogados interpuso más de 421 demandas.

‘Consideramos que la vía que le queda al Estado panameño es resarcir a las víctimas por envenenamiento y castigar a los responsables', dice Gabriel Pascual.

Tras 12 años de exigir justicia, Pascual asegura que el Comité seguirá en la lucha y tienen la esperanza de alcanzar sus objetivos.

Los independientes

Aminta Quintero es otra abogada que representa a los afectados independientes.

Relata que el abogado Víctor Orobio ha presentado, ante la Sala Tercera, demandas en representación de 400 pacientes, entre los que se encuentra ella. Reclaman 6 millones de dólares por cada afectado que representan $2,400 millones.

‘El Estado tiene que pagarnos la indemnización y pagar cada uno de los rubros que necesitamos para vivir con calidad de vida y por eso están obligados', asegura Quintero.

Pelea por certificaciones

Otra de las batallas que enfrentan los sobrevivientes son las certificaciones.

De los afectados, según Quintero, hay mil 300 que estaban certificados hasta el 2016, pero que debe haber unas mil 500 a la espera de sus certificaciones, tanto revaluados como nuevos que han entrado al sistema.

Pascual maneja su propia cifra. El dice que deben haber entre mil 600 a mil 700 personas reconocidas afectadas.

‘De esas hay aproximadamente mil 100 cobrando pensión vitalicia. El resto [unas 500 personas] que no aparecen cobrando la pensión, es porque tienen estatus de personas que murieron y no tenían viudos o hijos menores de edad o hijos con discapacidad', afirma Pascual.

Evelia Meléndez, de 67 años, es una de las sobrevivientes que espera ser certificada.

El medicamento adulterado que ingirió, en 2004, le causó una serie de padecimientos, entre ellos problemas cardíacos, intestinales y le extrajeron un riñón en 2007.

‘Como voy, dudo que me certifiquen', reclamó Evelia.

Ella sostiene que para venir al Centro de Toxicología en calle 17, Santa Ana, se gasta entre 10 a 15 dólares al usar transporte pirata.

‘Me dieron una pensión muy baja y yo solo tengo un hijo. El es el único que me ayuda para mi pasaje, porque de mi pensión pago los préstamos, la casa y la luz', dice.

Ayuda humanitaria

En 2007, el gobierno de ese entonces dio una ayuda humanitaria de 13 millones de dólares a los afectados por el dietilenglicol.

El presupuesto, según Pedro Fernando Montañez, salió de las ganancias del Canal de Panamá y se manejó en la Presidencia.

‘La esposa de mi hermano solo recibió 755 dólares, que no alcanzaron para el funeral y él no ha sido reconocido', alegó Montañez, otro de los afectados.

Según la fuente, el dinero solo benefició a las personas que formaban parte del Comité.

Además, según el entrevistado, se benefició con esa ayuda monetaria a personas que realmente no estaban certificadas y al recibir el dinero, quedaron autentificadas automáticamente.

Pensiones

Bajo el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), quien sugirió dar una pensión, los sobrevivientes pudieron respirar un poco, aunque muchos alegan que los 600 dólares que reciben mensualmente no les alcanzan.

Tanto Montañez como Pascual consideran que las pensiones deben aumentarse a no menos de mil 500 mensuales dólares.

‘Estamos en conversaciones con el Ejecutivo, uno para darle seguimiento a las certificaciones que están pendientes y el otro el aumento de las pensiones. Hay una comisión instalada con el compromiso del presidente Juan Carlos Varela. Estamos ventilando los temas y esperamos la otra semana hablar sobre todo eso', dice Pascual.

Cifra de muertos

Sobre la cifra real de muertos por el dietilenglicol, Pascual informó que en el Ministerio Público se reconocen más de 600.

‘Se distribuyeron 220 mil envases, 110 mil entre 2004 a 2006. Nosotros logramos en ese período de 12 años contactar a familiares de 10 mil personas fallecidas, sin embargo, no todas demandaron o denunciaron en el Ministerio Público, por el sentido espiritual, religioso', explicó.

‘¿Para qué vamos a denunciar, si mi padre murió?', se preguntaban algunos

‘Debe haber mínimo 100 mil víctimas, mínimo más de 15 mil muertos, denuncias en el Centro de Toxicología hay como seis mil sobrevivientes', dice por su parte Montañez. Nadie tiene realmente la cantidad exacta de fallecidos ni de sobrevivientes del jarabe envenenado con dietilenglicol.

Mientras tanto, las víctimas viven con el veneno en la sangre y sufriendo las secuelas.

‘No hay justicia, no se ha castigado a nadie, y esto no se cura con nada', denuncia Minerva.

‘No se ha hecho justicia, había tantos errores en la cadena. Lo más importante de esto es que no se vuelva a repetir, que haya servido como ejemplo', concluye el doctor Néstor Sosa, director del Gorgas.

En octubre se cumplen 12 años que se identificó la causa de estas muertes. Sobrevivientes y familiares de las víctimas preparan foros, marchas y piquetes en distintos puntos del país. El objetivo, según las víctimas, es impedir que esta tragedia quede en el olvido.