A pesar de que el juez de Cumplimiento de Veraguas, Carlos Guevara, ordenó el ingreso inmediato a prisión del exteniente Eugenio Nelson Magallón Romero, condenado por su participación en la desaparición forzada del sacerdote Jesús Héctor Gallego Herrera, hasta el momento la orden judicial no ha sido ejecutada.

La decisión, formalizada mediante el Auto No. 1640-25, se adoptó tras una audiencia celebrada el jueves 15 de mayo, en la que se rechazó la solicitud de prisión domiciliaria presentada por la defensa del exmilitar, de 94 años. El juez fue enfático: “No cabe sustitución de pena cuando se trata de delitos de lesa humanidad o desaparición forzada”, citando el artículo 108 del Código Penal panameño.

En consecuencia, dispuso el cumplimiento efectivo de la condena de 15 años de prisión dictada en 1994 por un jurado de conciencia en un centro penitenciario, y no en el domicilio del sentenciado, como alegaba su defensa.

El exmilitar fue capturado recientemente en la provincia de Chiriquí, tras permanecer prófugo durante más de dos décadas. Fue hallado en un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Sin embargo, pese a su captura y a la orden de ingreso, Magallón Romero aún no ha sido trasladado a la cárcel pública de Llanos de Icaco en David, centro penitenciario designado por las autoridades judiciales.

El Ministerio Público (MP) estuvo representado por el fiscal Moisés Tuñón, mientras que la abogada Iris Kuruc, del Instituto de la Defensa Pública, asumió la representación legal del condenado. La defensa había intentado alegar la prescripción de la pena, sustentándose en los antiguos códigos penales de 1922 y 1982, pero el Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial fue claro en su rechazo, reafirmando la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

El caso de Magallón Romero se enmarca en la desaparición forzada del padre Héctor Gallego, ocurrida el 9 de junio de 1971 en Santa Fe, Veraguas. El sacerdote colombiano, conocido por su activismo social en defensa de los campesinos, fue víctima de un régimen militar que silenció a voces incómodas al poder de los terratenientes de Santa Fe.

La demora en el traslado del exmilitar a la cárcel de David ha generado inquietud entre organizaciones de derechos humanos, que insisten en que se cumpla cabalmente la sentencia y se respete el fallo judicial como un acto de reparación simbólica y jurídica a las víctimas del régimen militar.

Mientras tanto, las comunidades que aún recuerdan al padre Gallego esperan justicia plena, y su familia mantiene la esperanza de recuperar algún día sus restos. Su hermana, Edilma Gallego, hizo un llamado público al ahora detenido: “Ya es hora de que diga la verdad. Que confiese qué pasó realmente con mi hermano y dónde está su cuerpo. Merecemos saberlo, y él también necesita enfrentar su conciencia”.

Las palabras de Edilma reavivan una herida abierta desde hace más de cinco décadas, que solo podrá empezar a sanar cuando se sepa toda la verdad.